Antecedentes del caso

Una sociedad administradora de fondos de pensiones presentó acciones de tutela contra las Salas de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, alegando la vulneración de derechos fundamentales por varios fallos judiciales que, según la accionante, ignoraron las reglas sobre la carga de la prueba establecidas en la sentencia SU-107 de 2024. La sociedad argumentó que los mecanismos de cumplimiento previstos en el Decreto Ley 2591 de 1991 no eran eficaces en este caso, debido a la incertidumbre sobre la autoridad competente para tramitarla, dada la acumulación de expedientes en la sentencia mencionada. Las autoridades judiciales accionadas y otros vinculados solicitaron negar las acciones de tutela, indicando que las decisiones cuestionadas no eran arbitrarias ni irrazonables, y que las tutelas pretendían reabrir debates agotados con garantías procesales. Las salas de decisión de tutela de la Corte Suprema de Justicia declararon improcedentes o negaron las acciones por falta de mérito o ausencia de arbitrariedad. La sociedad administradora impugnó estas decisiones, buscando exclusivamente el cumplimiento de la sentencia SU-107 de 2024.

Fundamentos de la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que las acciones de tutela no cumplían con el requisito de subsidiariedad, dado que existen mecanismos judiciales específicos para exigir el cumplimiento de sentencias con efectos inter pares, como el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato previstos en el Decreto Ley 2591 de 1991. Se destacó que la acción de tutela no procede para exigir el cumplimiento de otra tutela con efectos inter pares, ya que esto desnaturalizaría su función constitucional y vulneraría...