Entidad emisora y contexto de la resolución

La Resolución número 000332, emitida el 7 de mayo de 2026 y publicada en el Diario Oficial No. 53.484, fue adoptada conjuntamente por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y la Fiscalía General Penal Militar y Policial. Esta decisión se enmarca en la necesidad de mejorar la administración de justicia en el ámbito de la jurisdicción penal militar y policial, conforme a los principios constitucionales y legales que rigen esta función.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de la resolución es la modificación parcial de la Resolución número 000890 de 2025, con el fin de activar dos Fiscalías Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado con competencia nacional, adscritas a la Unidad Especial de Fiscales para las Operaciones Militares y Procedimientos Policiales (UNEFI). Los destinatarios directos de esta medida son los funcionarios de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, especialmente los fiscales y equipos de investigación que intervienen en casos relacionados con operaciones militares y procedimientos policiales.

Objetivo y finalidad

El propósito fundamental de esta resolución es superar las dificultades logísticas y técnicas detectadas en el trámite de procesos bajo competencia de la UNEFI, particularmente relacionadas con el acceso y gestión en el sistema misional. La activación de dos despachos especializados con competencia nacional pretende garantizar la observancia efectiva de los principios de especialidad y eficacia en la administración de justicia penal militar y policial.

Decisiones y regulaciones principales

La resolución modifica el artículo 1° de la Resolución 000890 de 2025, incorporando dos nuevas Fiscalías de Conocimiento Especializado, que se detallan a continuación:

Denominación del Despacho	Ubicación	Departamentos a Cargo	Especificidad
Fiscalía 2206 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado	Bogotá, D.C.	Nivel Nacional	Fuerzas Militares (FF.MM.)
Fiscalía 2207 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado	Bogotá, D.C.	Nivel Nacional	Policía Nacional (PONAL)

Además, se ordena comunicar esta modificación a las áreas tecnológicas para ajustar el sistema misional y a la Coordinación Nacional de Procuradurías Judiciales Penales que intervienen en esta jurisdicción.

Base legal y marco normativo

La resolución se fundamenta en diversos preceptos constitucionales y legales, entre ellos:

• Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que regula la función administrativa.
• Artículos 275, 276, 278 y 304 de la Ley 1407 de 2010, que establecen las facultades del Fiscal General Penal Militar y Policial.
• Artículos 20, 21 y 23 de la Ley 1765 de 2015, referentes a la organización y competencias de la Fiscalía General Penal Militar y Policial.
• Decreto número 312 de 2021, que reglamenta aspectos administrativos de la justicia penal militar y policial.
• Resoluciones previas, especialmente la 000890 de 2025 y la 000451 de 2025, que establecieron inicialmente la UNEFI y su estructura.

Modificaciones y vigencia

La presente resolución modifica parcialmente la estructura establecida en la Resolución 000890 de 2025, sin afectar otras disposiciones, y deroga aquellas que le sean contrarias. Su vigencia inicia a partir de la fecha de expedición, es decir, desde el 7 de mayo de 2026.

Impacto potencial

Con esta medida, se espera fortalecer la calidad del servicio de administración de justicia dentro de la jurisdicción penal militar y policial, asegurando una mayor eficiencia y especialización en la investigación y acusación de conductas delictivas en el marco de las operaciones militares y policiales. La concentración de competencias en dos despachos especializados con alcance nacional permitirá mejorar la coordinación, el seguimiento procesal y la aplicación coherente de los principios jurídicos que regulan esta materia. Este ajuste administrativo representa un paso relevante en la consolidación de una justicia penal militar y policial más eficaz y especializada, acorde con los mandatos constitucionales y legales vigentes. Así, se espera que estas modificaciones propicien un sistema de justicia penal militar y policial más ágil, transparente y responsable, en beneficio de la seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales en el país.