Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado conoció en segunda instancia la acción de tutela interpuesta por una sociedad en reorganización contra decisiones emanadas del Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja. La acción buscaba la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales presuntamente vulnerados por providencias judiciales que rechazaron demandas relacionadas con controversias contractuales y reparación directa.

Antecedentes fácticos y procesales

La controversia se originó en contratos firmados en 2009 entre la sociedad accionante y una empresa estatal petrolera, relacionados con obras de mantenimiento y prefabricación. Posteriormente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) modificó las declaraciones del IVA correspondientes a esos contratos mediante liquidaciones oficiales de revisión, determinando un mayor valor a pagar y sanciones por inexactitud, al reclasificar los contratos de construcción a prestación de servicios de mantenimiento. La sociedad demandante promovió acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichos actos administrativos, con éxito parcial en uno de los procesos. Además, presentó demanda acumulada de controversias contractuales y reparación directa contra la empresa petrolera y la DIAN, alegando desequilibrio económico y daño antijurídico derivados del impuesto. El Juzgado Administrativo de Barrancabermeja y luego el Tribunal Administrativo de Santander rechazaron la demanda por caducidad, al considerar vencidos los plazos legales para su presentación. En paralelo, la empresa petrolera promovió una demanda de reparación directa contra la sociedad accionante, que fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander. La sociedad accionante denunció un tratamiento judicial desigual y discriminatorio, pues en casos con identidad fáctica y jurídica se adoptaron criterios diferentes...