Contexto y antecedentes del caso

La providencia fue proferida en segunda instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tras la impugnación presentada contra un fallo previo de la Sección Cuarta de la misma corporación, fechado el 19 de febrero de 2026. La acción de tutela fue interpuesta en diciembre de 2025 con el fin de proteger derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa y la primacía de la realidad. El caso tiene su origen en un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra una entidad territorial, en el cual se solicitó el reconocimiento de una relación laboral encubierta basada en contratos de prestación de servicios. Durante este proceso, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira negó la solicitud de prueba testimonial por no cumplir con los requisitos formales del artículo 212 del Código General del Proceso. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado abordó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, recordando que este mecanismo es excepcional y está diseñado para proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios efectivos. Se enfatizó la necesidad de cumplir con el requisito de relevancia constitucional, el cual impide que la tutela se utilice como una tercera instancia para reabrir debates legales resueltos en procesos ordinarios. La Sala aplicó los criterios establecidos por la Corte Constitucional, destacando que la acción de tutela contra decisiones judiciales debe demostrar: (i) que el asunto involucra interpretación o aplicación de la Constitución o derechos fundamentales; (ii) que no se trata de un debate meramente legal o económico; y (iii) la existencia de una afectación desproporcionada a derechos fundamentales producto de una actuación arbitraria. En el análisis concreto, se concluyó que la solicitud de tutela no cumplió con la carga argumentativa necesaria para evidenciar la relevancia constitucional. Las inconformidades presentadas se limitaron a un desacuerdo con la interpretación y aplicación normativa respecto al decreto de la prueba testimonial, sin aportar elementos que manifestaran una vulneración arbitraria de derechos. Además, se recordó que el juez constitucional no debe sustituir al juez natural ni convertirse en una instancia adicional para revisar decisiones judiciales ordinarias. El Tribunal Administrativo de Risaralda realizó un análisis detallado de los requisitos formales para decretar la prueba testimonial y justificó la negativa con base en la falta de claridad sobre los hechos que se pretendían probar. Por tanto, la tutela no era procedente para modificar dicha decisión.

Decisión final y procedimiento

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado confirmó el fallo que declaró improcedente la acción de tutela, por no acreditarse la relevancia constitucional. Ordenó notificar a las partes y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta decisión reafirma los límites del mecanismo de tutela cuando se utiliza contra providencias judiciales y subraya la importancia de respetar la autonomía judicial y los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada en el sistema judicial colombiano. Con ello, se fortalece la confianza en la administración de justicia, garantizando que la tutela cumpla su función principal de protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, sin convertirse en un medio para prolongar procesos judiciales o reabrir debates ya resueltos dentro del debido proceso.