Providencia judicial en segunda instancia del Consejo de Estado

La Sección Tercera, Subsección A, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, actuando como tribunal de segunda instancia, emitió sentencia el 12 de febrero de 2026 en un proceso de tutela radicado contra un auto del Tribunal Administrativo de Arauca del 9 de diciembre de 2025. La acción de tutela fue promovida contra dicha providencia interlocutoria que negó la solicitud de pruebas en un proceso ordinario de reparación directa.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso de reparación directa se originó por un accidente de tránsito que culminó en presunta mala praxis médica en un hospital público, donde se alegó que se suministró un medicamento contraindicado durante un posible embarazo, lo que derivó en un legrado. En primera instancia, el juzgado administrativo negó las pretensiones de la demanda. En apelación, el tribunal negó la práctica de pruebas documentales solicitadas para esclarecer la responsabilidad del hospital, fundamentando que no se cumplían los requisitos legales para su admisión en segunda instancia. Se interpuso entonces una acción de tutela contra el auto que negó las pruebas, argumentando violaciones al derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, así como la vulneración de derechos fundamentales relacionados con la vida en gestación.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado evaluó preliminarmente la procedencia de la tutela contra una providencia judicial, recordando que esta es excepcional y requiere el cumplimiento de causales estrictas, entre ellas el agotamiento de los recursos ordinarios y la existencia de un perjuicio irremediable. En este caso, se constató que el proceso judicial ordinario estaba en curso y que los recursos de reposición y súplica contra el auto interlocutorio no fueron agotados, siendo estos mecanismos idóneos y eficaces para controvertir la decisión cuestionada. Además, se determinó que la alegación de perjuicio irremediable era meramente especulativa y no cumplía con los parámetros de certeza, gravedad e inmediatez establecidos en la jurisprudencia constitucional. Asimismo, se resaltó que la solicitud probatoria debía haberse efectuado en la etapa procesal correspondiente, es decir, al momento de presentar la demanda de reparación directa, sin que se presentaran argumentos que justificaran la omisión en dicha etapa. En consecuencia, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Conclusión

La decisión del Consejo de Estado reafirma la importancia del respeto a los principios procesales y la jerarquía de los recursos ordinarios en la defensa de derechos fundamentales dentro del proceso judicial. Además, delimita de manera clara las condiciones excepcionales en que procede la acción de tutela contra providencias judiciales, especialmente cuando se trata de autos interlocutorios y la práctica de pruebas en sede de segunda instancia. Esta providencia refuerza la doctrina sobre la subsidiariedad de la tutela y el concepto de perjuicio irremediable, contribuyendo a la seguridad jurídica y al correcto desenvolvimiento de los procesos administrativos y judiciales en Colombia. De esta forma, se promueve un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y el respeto por la estructura procesal establecida, garantizando que la tutela cumpla su función complementaria y no sustituya los mecanismos ordinarios previstos en la ley.