Contexto y antecedentes del proceso disciplinario

El proceso disciplinario se originó a partir de la apertura de una indagación previa ordenada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de El Banco, Magdalena, tras la difusión de videos en redes sociales y medios de comunicación que mostraban una celebración con consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del Concejo Municipal de Chimichagua en agosto de 2022. Adicionalmente, se tuvo en cuenta una queja anónima presentada por correo electrónico. La investigación disciplinaria, iniciada formalmente en noviembre de 2022, involucró a varios concejales y a la secretaria general del Concejo Municipal. En julio de 2023 se formuló pliego de cargos contra los investigados por el uso indebido de las instalaciones del Concejo para fines ajenos a la función pública, en específico, la realización de una fiesta. El cargo se fundamentó en la presunta violación de los deberes y prohibiciones establecidos en la Ley 1952 de 2019, la Constitución Política y el reglamento interno del concejo. Posteriormente, en noviembre de 2024, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Barranquilla declaró probado el cargo y sancionó a los implicados con suspensión en el ejercicio del cargo por dos meses. La sanción fue confirmada en diciembre de 2025 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Se estableció que los concejales que no se encontraban en ejercicio o que no ostentaban cargos de elección popular no podían acceder al recurso extraordinario de revisión, convirtiéndose la suspensión en equivalente a salarios básicos devengados.

Competencia y alcance del recurso extraordinario de revisión

El Consejo de Estado, conforme al artículo 238B...