Contexto y antecedentes del caso

La providencia fue emitida en primera instancia por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en respuesta a una acción de tutela presentada por un particular contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, proferida el 12 de febrero de 2026. La acción pretendía la protección de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el principio de reparación integral. El caso se originó con una demanda de reparación directa presentada contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, por perjuicios derivados del uso excesivo de la fuerza en un operativo policial ocurrido en 2013. En primera instancia, el juzgado administrativo accedió parcialmente a la demanda, reconociendo la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado y condenándolo a pagar indemnizaciones por perjuicios morales. Sin embargo, negó el reconocimiento de perjuicios materiales, argumentando la falta de prueba suficiente sobre la actividad laboral formal y la pérdida concreta de ingresos. La apelación presentada cuestionó la valoración probatoria y solicitó que se aplicara la presunción de capacidad laboral y el salario mínimo legal vigente para calcular el lucro cesante, basándose en precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó parcialmente la sentencia, pero mantuvo la negativa de reconocer perjuicios materiales por considerar que no se acreditó la existencia de una actividad económica estable o ingresos concretos al momento del daño.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala Quinta del Consejo de Estado, competente para conocer la acción de tutela...