Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por una empresa del sector transporte que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La controversia surgió a raíz de dos autos judiciales dictados el 29 de septiembre de 2023 y el 18 de septiembre de 2025, que rechazaron y confirmaron el rechazo de una demanda por caducidad en un proceso administrativo ambiental. El caso se originó tras la imposición de una multa ambiental en 2019, sanción que fue confirmada por la autoridad administrativa. La notificación se realizó mediante edicto, iniciando un término de cuatro meses para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura dictó el Decreto 564 de 2020, que suspendió los términos judiciales del 16 de marzo al 1 de julio de 2020. La parte actora radicó la solicitud de conciliación prejudicial el 17 de julio de 2020, luego de la suspensión de términos, y posteriormente presentó la demanda el 10 de agosto de 2020. Las autoridades judiciales consideraron que ambas actuaciones fueron extemporáneas, dado que la suspensión de términos no se extendió a la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de este trámite.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado, como juez constitucional en esta materia, analizó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la cual está condicionada a ciertos requisitos: legitimación en la causa, relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez, efecto decisivo de la...