Contexto y competencia del tribunal
La providencia corresponde a un auto emitido por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que conoce en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decretó la suspensión provisional de un procedimiento administrativo contractual adelantado por el SENA. La competencia para resolver este recurso se encuentra establecida en el Acuerdo No. 80 de 2019 y en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA).
Antecedentes fácticos y procesales
El caso tiene su origen en un contrato estatal suscrito en 2020 para la construcción de la sede de un centro regional educativo. El contratista presentó una demanda de controversias contractuales contra el SENA, alegando incumplimiento por parte de la entidad y solicitando, entre otras pretensiones, la declaratoria de incumplimiento, la liquidación judicial del contrato y el pago de perjuicios materiales y lucro cesante.
Posteriormente, el SENA inició un procedimiento administrativo contractual para declarar el incumplimiento del contratista. Sin embargo, el consorcio demandante solicitó la suspensión provisional de dicho procedimiento, argumentando que la entidad había perdido competencia para adelantarlo desde la presentación de la demanda judicial, pues la jurisdicción competente para resolver el fondo de la controversia es la judicial.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y, tras analizar los argumentos, decretó la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo contractual. Contra esta decisión, el SENA interpuso recurso de apelación solicitando revocar la suspensión, alegando que los asuntos en el procedimiento administrativo y en la demanda judicial no eran coincidentes y que la suspensión afectaba el interés público y el principio de legalidad.
Consideraciones de la Sala y fundamentos jurídicos
El Consejo de Estado, en su análisis, reconoció la procedencia del recurso de apelación pero decidió modificar parcialmente la decisión del tribunal de primera instancia. Confirmó la suspensión provisional del procedimiento administrativo contractual, sustentándola en los siguientes aspectos:
- Competencia: La entidad demandada perdió su competencia para continuar con el procedimiento administrativo desde la notificación del auto admisorio de la demanda judicial que busca la declaratoria de incumplimiento y liquidación del contrato, en atención a la jurisprudencia consolidada.
- Relación sustancial: Existe una conexión directa entre las causas que motivaron la demanda judicial y el procedimiento administrativo, ambas relacionadas con la no culminación del objeto contractual.
- Ponderación de intereses: Resultaría más gravoso para el interés público negar la suspensión, pues ello podría generar decisiones contradictorias y un desgaste innecesario para la administración y la justicia. La medida protege el erario y garantiza la legalidad al evitar que una entidad expida actos administrativos sin competencia.
- Perjuicio a la eficacia de la sentencia: Se acreditaron serios motivos para considerar que, de no otorgarse la suspensión, los efectos de la sentencia judicial serían nugatorios.
Adicionalmente, la Sala ordenó al tribunal de origen fijar caución para garantizar eventuales perjuicios derivados de la medida cautelar, conforme a lo estipulado en los artículos 232 y 233 del CPACA.
Decisión final
El Consejo de Estado modificó el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decretó la suspensión provisional, confirmando la medida pero imponiendo la obligación de fijar caución. Se notificó la providencia electrónicamente y se devolvió el expediente al tribunal de origen para el cumplimiento de lo ordenado.
Esta decisión refuerza la importancia del respeto a la competencia jurisdiccional y administrativa en controversias contractuales estatales y establece un precedente relevante en materia de medidas cautelares en procedimientos administrativos contractuales, contribuyendo a la seguridad jurídica y al correcto funcionamiento de la administración pública.
