Contexto y entidad emisora
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la entidad responsable de la emisión de la Resolución 000117 de 2026, publicada el 12 de mayo del mismo año en el Diario Oficial No. 53.488. Esta resolución establece la declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis, ubicados en la región suroeste del departamento de Antioquia.
Asunto principal y destinatarios
La resolución tiene por objeto definir y delimitar áreas específicas como APPA, que funcionarán como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2. El destinatario principal comprende a las autoridades municipales de los municipios mencionados, la Gobernación de Antioquia y los agentes públicos y privados que desarrollen planes o proyectos con impacto físico-espacial en dichos territorios. Este enfoque es esencial para proteger el suelo rural apto para la producción agroalimentaria y garantizar la seguridad alimentaria.
Objetivo de la resolución
El propósito central es proteger el derecho humano a la alimentación mediante la preservación de suelos con alta aptitud para actividades agrícolas y pecuarias, contribuyendo a la soberanía alimentaria y al desarrollo sostenible. La resolución busca evitar la pérdida de tierras productivas frente a presiones como la expansión minera, proyectos hidrocarburíferos y la transformación del uso del suelo, que amenazan la estabilidad de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria (ACFEC).
Decisiones y regulaciones clave
La resolución declara como APPA áreas específicas que suman aproximadamente 25,140 hectáreas distribuidas en los cuatro municipios. Estas áreas deben preservar sus características naturales para la producción agropecuaria, evitando su artificialización y garantizando la permanencia de actividades productivas tradicionales como el cultivo de café, caña panelera, plátano, maíz, fríjol y tomate, además del inventario pecuario de bovinos, porcinos y aves.
Se establece que los municipios conservarán su autonomía para reglamentar el uso del suelo dentro de los lineamientos técnicos señalados, y tendrán la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la resolución y ejercer control urbano. Asimismo, se reconoce la competencia de las autoridades ambientales para la planificación y conservación de los recursos naturales.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo técnico de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), evaluará el impacto de las APPA cada cinco años o cuando sea necesario. Se garantiza el respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas dentro de las áreas declaradas.
Base legal y marco normativo
La resolución se fundamenta en diversos preceptos constitucionales y legales, entre ellos:
- Artículos 64, 65, 80 y 209 de la Constitución Política de 1991, que reconocen los derechos del campesinado, el derecho a la alimentación y los principios de la función administrativa.
- Leyes 388 de 1997, 489 de 1998, 99 de 1993 y 2294 de 2023, que regulan el ordenamiento territorial, desarrollo agropecuario y el Plan Nacional de Desarrollo.
- Decretos Ley 2811 de 1974 y 4145 de 2011, que establecen criterios para el uso y ordenamiento del suelo rural.
- Convenciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, cambio climático y lucha contra la desertificación.
- Jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional que establece límites y criterios para la autonomía territorial y el ordenamiento del suelo.
Modificaciones y vigencia
Con la declaratoria de las APPA en los municipios mencionados, queda sin efecto la zona preliminar e indicativa identificada en la Resolución 377 de 2024 para dichos municipios, siendo esta delimitación definitiva. La resolución entra en vigencia a partir de su publicación y deroga disposiciones contrarias.
Impacto potencial
La declaratoria de APPA representa una herramienta técnica y jurídica para proteger suelos rurales productivos, fortalecer la seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad territorial en Antioquia. Además, armoniza la función estatal con la autonomía local, fomentando la coordinación entre autoridades territoriales y ambientales. Esta medida responde a la necesidad de preservar la producción agroalimentaria frente a amenazas crecientes y contribuye a garantizar el derecho fundamental a la alimentación adecuada para las comunidades rurales.
En síntesis, esta resolución establece un marco claro y obligatorio para la protección del suelo rural en una región estratégica, integrando criterios técnicos y sociales para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la agricultura familiar y campesina en Colombia. Con esta acción, el Ministerio reafirma su compromiso con el desarrollo rural sostenible y la protección del medio ambiente, promoviendo un modelo de gestión territorial que beneficie a las comunidades y preserve los recursos naturales para las futuras generaciones.
