Competencia y contexto procesal

La providencia fue dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta. La controversia surgió en el marco de un proceso de pérdida de investidura instaurado contra quince concejales del municipio de San José del Guaviare, electos para el periodo constitucional 2024-2027.

Antecedentes fácticos y procedimentales

La acción fue promovida por un ciudadano que cuestionó la actuación de los concejales en el trámite y aprobación del Proyecto de Acuerdo número 2 de 2025, que buscaba modificar el PBOT vigente en el municipio. Se alegó que el proyecto había quedado archivado tras no ser votado en comisión y que, sin embargo, fue retomado en sesiones extraordinarias convocadas por la alcaldía, lo que implicaba una violación a normas legales y reglamentarias aplicables al proceso legislativo municipal. La parte accionante también presentó recusación en contra de todos los concejales, por presunto conflicto de intereses derivado de la existencia de una demanda judicial contra el Acuerdo Municipal original que se pretendía modificar. Según el reclamante, la recusación debió tramitarse y resolverse por la Procuraduría Regional del Guaviare, autoridad competente en casos en que se afecte el quórum decisorio, y no por el propio concejo, que habría configurado un conflicto de intereses al resolverla. Los concejales accionados respondieron negando la existencia de interés directo o particular y defendiendo la autonomía del concejo municipal para resolver las recusaciones conforme a su reglamento interno y la jurisprudencia aplicable....