Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2024, buscaría adicionar el Título 6 a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1076 de 2015, que es el Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta adición se enfocaría en reglamentar los Consejos Territoriales del Agua (CTA), conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. El proyecto modificaría así el marco regulatorio para fortalecer la gobernanza y planificación en torno al recurso hídrico en las ecorregiones y territorios estratégicos del país.

Propósito y alcance del proyecto

El proyecto de decreto tendría como propósito principal establecer las reglas para la conformación, funcionamiento y articulación de los CTA como instancias permanentes de coordinación, participación y concertación sin poder decisorio, orientadas a fortalecer una gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento territorial alrededor de este recurso. Se buscaría proteger las determinantes ambientales y las áreas de interés ecológico, promoviendo la seguridad hídrica, sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo y garantía progresiva de derechos, incluido el derecho a la alimentación.

Modificaciones y disposiciones clave

El proyecto introduciría un conjunto de disposiciones específicas, entre las cuales se destacan:

• La creación de Consejos Territoriales del Agua en cada ecorregión y territorio estratégico priorizado según el Plan Nacional de Desarrollo.
• La conformación plural y diversa de los CTA, integrados por representantes comunitarios (indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, jóvenes, LGTBIQ+, gremios, organizaciones ambientales, acueductos comunitarios, veedurías y juntas de acción comunal) e institucionales (entidades territoriales, corporaciones autónomas, autoridades ambientales, institutos de investigación, entre otros).
• El establecimiento de criterios para garantizar participación multinivel, supramunicipal y reconocimiento de particularidades territoriales, incluyendo ámbitos marino-costeros y fronterizos.
• Definición de funciones para los CTA, tales como orientar planes y proyectos para fortalecer capacidades territoriales, promover participación efectiva, articular instrumentos de planificación, generar información y emitir recomendaciones a autoridades relacionadas con el ordenamiento territorial alrededor del agua.
• Reglamentación del funcionamiento, incluyendo la creación de Mesas Técnicas y Mesas Territoriales que faciliten la articulación y participación a escala municipal, distrital o supramunicipal.
• Establecimiento de la Secretaría Técnica de los Consejos con funciones rotativas para garantizar la organización y registro de actividades.
• Disposiciones sobre la formación, capacitación y fortalecimiento de capacidades de los integrantes, con apoyo académico y de entidades públicas y privadas.
• Lineamientos para la financiación de los procesos, tanto por parte de entidades del orden nacional como otros actores públicos o privados integrantes de los CTA.

Participación de actores clave

El proyecto indicaría que la conformación y funcionamiento de los CTA incluiría una amplia participación de actores sociales, comunitarios, étnicos y gremiales, junto con entidades institucionales a distintos niveles territoriales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendría un rol central en la convocatoria pública inicial, acompañamiento y seguimiento a los procesos. Además, se prevé la participación eventual del Ministerio Público y entes de control como Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Contraloría, según la naturaleza de los temas.

Articulación y coordinación interinstitucional

Los CTA deberían articularse con diversos espacios e instrumentos relacionados con la gestión integral del recurso hídrico, ordenamiento territorial, cambio climático y gestión del riesgo. Entre estos se incluirían consejos nacionales ambientales, instancias sectoriales, institutos de investigación, planes de manejo de cuencas, consejos de gestión del riesgo, plataformas colaborativas, áreas protegidas y nodos regionales de cambio climático, buscando así un enfoque integral y coherente.