Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien conoció la impugnación contra una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. La acción fue presentada por un ciudadano que alegaba vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, dignidad humana y habeas data, debido a errores en registros oficiales administrativos y policiales.

Antecedentes fácticos y procesales

El ciudadano afectado descubrió que figuraba en bases de datos oficiales con una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, atribuida a una sentencia condenatoria por hurto calificado agravado emitida en 2021. Tras demostrar que la condena correspondía a otra persona, el juzgado penal competente corrigió de oficio la sentencia en septiembre de 2024, señalando expresamente que el condenado era diferente y ordenó cancelar la orden de captura emitida contra el accionante. Pese a la orden judicial, el interesado constató que la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional – SIJIN y DIJIN mantenían en sus sistemas anotaciones que indicaban la suspensión de sus derechos políticos. Luego de varios requerimientos formales y una demanda de tutela, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla declaró improcedente el amparo, argumentando falta de pruebas suficientes para acreditar la vulneración.

Consideraciones y fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema recordó que el derecho al habeas data, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, otorga a las personas la facultad de conocer, actualizar y rectificar la información que les concierne en bases de datos públicas y privadas. Este derecho es fundamental para proteger otros...