Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo de Boyacá conoció en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de un juzgado administrativo que negó las pretensiones de una demanda presentada por particulares contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Los demandantes alegaban una falla en el servicio derivada del prolongado proceso penal en su contra, que se extendió por más de cuatro años y culminó en absolución en todas las instancias. Durante dicho proceso, se impusieron medidas cautelares sobre un tractocamión, vehículo que fue retenido y devuelto en condiciones deterioradas, afectando la fuente de ingresos de los demandantes. Los demandantes solicitaron la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado con base en el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), argumentando daños materiales y morales, incluyendo lucro cesante y daño emergente por la retención y deterioro del vehículo.

Análisis jurídico y consideraciones de la Sala

El Tribunal resaltó que la responsabilidad patrimonial del Estado en materia jurisdiccional se configura bajo tres modalidades: error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, conforme a la Ley 270 de 1996. El error jurisdiccional exige la existencia de una providencia judicial en firme contraria al ordenamiento jurídico que haya causado un daño cierto y antijurídico. No es suficiente la mera absolución en un proceso penal para configurar tal error si la decisión judicial fue adoptada dentro de los márgenes razonables de interpretación jurídica. En este caso, el Tribunal...