Contexto y referencia del proyecto

El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, buscaría declarar una Zona Especial de Intervención Fronteriza en los municipios de Pasto, Ipiales, Aldana, Guachucal, Carlosama, Cumbal, Ricaurte, Tumaco y Túquerres, en el departamento de Nariño, así como en San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, en Putumayo. Esta declaratoria se basaría en la Ley 2135 de 2021, que establece el marco para la acción estatal en zonas de frontera y crea la figura de las ZEIF como un mecanismo temporal y focalizado para atender afectaciones graves en estas regiones. Además, el proyecto modificaría el régimen especial contemplado en el Decreto 1073 de 2015 y el Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con zonas de frontera.

Propósito principal y grupos afectados

El objetivo principal del proyecto de decreto sería mitigar los impactos negativos generados por decisiones unilaterales de Ecuador desde diciembre de 2025, que afectarían la conectividad, el comercio formal, la movilidad y el abastecimiento en la frontera colombo-ecuatoriana. Los municipios mencionados presentan alta dependencia estructural del intercambio binacional, por lo que se verían directamente afectados en aspectos económicos, sociales e institucionales. Sectores como comercio, transporte, servicios y turismo serían especialmente impactados, junto con la sostenibilidad financiera territorial y el empleo local.

Medidas propuestas en el proyecto

El proyecto contemplaría diversas medidas diferenciales y temporales durante la vigencia de la declaratoria de la ZEIF, que tendría una duración máxima inicial de noventa (90) días, prorrogables excepcionalmente por un término igual. Entre las medidas se incluirían:

• Reducción especial en las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM en los municipios declarados como ZEIF, además de las prerrogativas ya establecidas para zonas de frontera.
• Prioridad en el acceso a líneas de crédito ofrecidas por entidades financieras públicas como la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), el Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCÓLDEX) y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), para habitantes naturales o jurídicos en los municipios afectados.
• Acceso a una línea de crédito especial diseñada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en convenio con BANCÓLDEX, dirigida a empresas colombianas con relación comercial con Ecuador, especialmente en sectores conexos a la exportación.
• Priorización y ampliación del Servicio Social para la Paz (SSPP) en los municipios declarados como ZEIF, con medidas diferenciales para priorizar cupos a jóvenes residentes, fortalecer acciones pedagógicas y comunitarias para la prevención del reclutamiento y violencia, y promover la permanencia juvenil en trayectorias educativas y sociales.

El proyecto aclararía que la priorización en líneas de crédito no implicaría aprobación automática ni modificación de requisitos establecidos por las entidades financieras, respetando la normatividad vigente.

Participación de actores clave

La implementación y supervisión de las medidas contempladas en el proyecto estarían a cargo de varias entidades del Gobierno nacional, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, así como las entidades financieras públicas involucradas (FINDETER, BANCÓLDEX y FINAGRO). Además, las entidades líderes del Servicio Social para la Paz coordinarían acciones en los territorios afectados.

Información adicional y participación ciudadana

El proyecto de decreto habría sido publicado en el Sistema Único de Consulta Pública para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés, permitiendo la presentación de observaciones y comentarios durante el periodo establecido. Los interesados podrían acceder al texto completo a través de los canales oficiales del Gobierno para participar en el proceso de elaboración normativa.