La controversia surge entre la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa y un prestador del servicio de aseo, en torno a la pretensión de incorporar en la tarifa ciertos valores vinculados a la actividad de aprovechamiento. La empresa local no incorporó ni cobró dichos valores a los usuarios, por lo que cuestiona jurídicamente la existencia de un detrimento patrimonial para el municipio derivado de flujos que no ingresaron a su esquema tarifario. Actualmente, la CRA adelanta una actuación administrativa sobre las condiciones del servicio de facturación conjunta entre los prestadores involucrados. En este marco, la entidad señala que los conceptos que emite tienen carácter orientador, general y no vinculante, y no resuelven situaciones específicas.

Marco normativo y funcionalidad del servicio público de aseo

Se recuerda que las empresas de servicios públicos, incluyendo el aseo y la actividad de aprovechamiento, no requieren permiso previo para operar, pero deben cumplir con la normatividad vigente y constituirse conforme a la ley. La prestación del servicio se basa en un contrato uniforme y oneroso que considera criterios de costos, solidaridad y redistribución. La ley prohíbe expresamente la prestación gratuita o a precios inferiores al costo, calificándola como una práctica restrictiva de la competencia. En consecuencia, el valor tarifario refleja los costos y gastos propios de la operación del servicio.

La actividad de aprovechamiento y su regulación tarifaria

La actividad de aprovechamiento, definida como complementaria al servicio de aseo, está regulada por decretos específicos y debe ser prestada preferentemente por organizaciones de recicladores de oficio, o en casos excepcionales, por otros prestadores que cumplan con requisitos normativos y se registren...