Contexto y tribunal competente

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, emitió una providencia judicial en segunda instancia que modifica la sentencia condenatoria referida a dos procesados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. El recurso de apelación fue presentado contra la decisión inicial proferida por el Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., que había condenado a los acusados tras su aceptación de cargos mediante un procedimiento de allanamiento.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2023 en Bogotá, cuando agentes policiales recibieron información sobre un vehículo sospechoso. Al detenerlo, encontraron modificaciones en el techo del automotor y, tras inspección con ayuda de un canino, descubrieron una caleta con 60 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Los ocupantes del vehículo fueron capturados en flagrancia y posteriormente legalizada la captura y la incautación de bienes relacionados. En el proceso penal, los imputados aceptaron los cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado en calidad de autor y cómplice, respectivamente. El Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado emitió condenas que incluyeron penas de prisión y multas. La defensa interpuso recurso de apelación, solicitando además la nulidad del proceso desde la formulación de imputación y la concesión de prisión domiciliaria bajo la figura de padre cabeza de familia.

Consideraciones principales de la providencia

El Tribunal Superior declaró su competencia para resolver la apelación y analizó la validez del procedimiento de allanamiento a cargos, confirmando que la aceptación de responsabilidad fue libre, consciente y voluntaria, con asesoría legal adecuada y conocimiento pleno de las consecuencias. Se descartó la alegación de engaño o falta de defensa técnica, pues la defensa actuó conforme a los lineamientos profesionales y se otorgó el máximo beneficio legal disponible para esta figura. Respecto a la calificación jurídica, el Tribunal rechazó la pretensión de modificar el delito imputado, al considerar que los hechos probados y las pruebas materiales, incluyendo la incautación en flagrancia, son coherentes con el tipo penal aplicado. El cambio propuesto a concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico carece de sustento probatorio y podría resultar en una sanción más gravosa, contraviniendo el principio de prohibición de la reformatio in pejus. Un aspecto relevante de la decisión fue la aplicación retroactiva de la Ley 2477 de 2025, que eliminó la restricción que limitaba el beneficio de reducción de pena en casos de captura en flagrancia a solo un cuarto de la pena. Esta modificación permitió ampliar el descuento a un 50%, reduciendo significativamente las penas impuestas a los sentenciados. Finalmente, el Tribunal abordó la solicitud de prisión domiciliaria por la condición de padre o madre cabeza de familia. Tras valorar la documentación y testimonios presentados, concluyó que no se acreditaron los requisitos legales para conceder el beneficio, tales como la dependencia económica y social de menores o personas incapacitadas, ni se evidenció riesgo de desprotección familiar en caso de cumplimiento en centro penitenciario.

Decisión y efectos

El Tribunal Superior modificó la sentencia condenatoria para imponer:

• 128 meses de prisión y multa de 1334 salarios mínimos legales mensuales vigentes al autor del delito.
• 64 meses de prisión y multa de 667 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la cómplice.

Estas modificaciones obedecen a la aplicación de la norma más favorable en materia de reducción de pena por aceptación anticipada de cargos. Además, se confirmó que contra esta decisión solo procede el recurso extraordinario de casación. La providencia refleja la importancia del respeto a las garantías procesales en procedimientos de terminación anticipada, así como la correcta aplicación de normas penales sustantivas y procesales vigentes, asegurando la seguridad jurídica y el principio de favorabilidad en el sistema penal colombiano.