Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Risaralda, con sede en Pereira, dictó un auto el 7 de abril de 2026 mediante el cual admitió una demanda presentada por la Personería Municipal de Marsella. La acción, interpuesta bajo el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, se dirige contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el departamento de Risaralda, las Empresas Sociales del Estado Hospital Universitario San Jorge de Pereira y Hospital San José de Marsella, el municipio de Marsella, la Nueva EPS, y se vinculó adicionalmente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda se fundamenta en presuntas fallas en el flujo oportuno de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual estaría afectando la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público esencial de salud en el municipio de Marsella. La Personería Municipal denunció que estas irregularidades podrían vulnerar derechos colectivos como la seguridad y salubridad públicas, la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa. Previo a la presentación de la demanda, se cumplió con el requisito de solicitar a la autoridad administrativa competente que adoptara las medidas necesarias para proteger el derecho colectivo amenazado, conforme al artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 18 de la Ley 472 de 1998. La demanda fue revisada y se encontró que cumple con los requisitos legales para su admisión.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Tribunal señaló que la vinculación de ADRES es necesaria en virtud del principio de coordinación administrativa, ya que esta entidad es responsable de la administración y manejo de los recursos del sistema de salud, incluidos los mecanismos de financiación como la Unidad de Pago por Capitación (UPC). De esta manera, se busca evitar decisiones fragmentadas o de imposible cumplimiento. El auto dispuso notificaciones personales a todas las partes involucradas, incluyendo a las entidades demandadas, la Personería Municipal como parte actora, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, ordenó la publicación del aviso de la demanda en las páginas web de las entidades demandadas y de la Rama Judicial, garantizando la publicidad del proceso. Las entidades demandadas y la vinculada cuentan con un término de diez días hábiles para contestar la demanda y solicitar pruebas. El Tribunal advirtió que todas las intervenciones deben ser compartidas electrónicamente con las demás partes y con el Ministerio Público, en cumplimiento del debido proceso. Finalmente, la providencia establece que la decisión sobre el fondo del asunto será proferida dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del término para contestar la demanda, conforme a la Ley 472 de 1998.

Importancia del auto y próximos pasos

Este auto representa una etapa inicial pero crucial en la protección judicial de derechos colectivos relacionados con la salud pública y la administración de recursos en el municipio de Marsella. La admisión formal de la demanda abre el camino para que el Tribunal analice en profundidad las posibles fallas administrativas y determine las medidas necesarias para garantizar la prestación eficiente y continua del servicio público de salud. El proceso judicial continuará con la participación activa de las entidades demandadas y la administración vinculada, quienes deberán sustentar su defensa y responder a las solicitudes probatorias. El seguimiento de esta acción popular será esencial para la protección de derechos colectivos y la transparencia en la gestión de los recursos públicos del sistema de salud. En conclusión, esta decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda marca un paso importante hacia la solución de las problemáticas detectadas en el financiamiento del sistema de salud en Marsella, buscando asegurar que la comunidad reciba un servicio de calidad y sin interrupciones. Las próximas actuaciones judiciales serán determinantes para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en materia de salud y la correcta administración de los recursos públicos.