Providencia judicial y contexto procesal

El Tribunal Administrativo del Tolima, en ejercicio de su competencia en segunda instancia, emitió una decisión sobre un recurso de apelación interpuesto contra un auto del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, fechado el 16 de abril de 2024. Dicho auto aprobó la liquidación de costas practicada en un proceso ejecutivo iniciado por un fondo de capital privado contra la Fiscalía General de la Nación. El proceso ejecutivo tuvo como origen una sentencia de reparación directa, en la cual se condenó a la Fiscalía a pagar una suma determinada por perjuicios causados. El fondo de capital privado, titular del 50% de los derechos económicos derivados de dicha condena —cesión notificada y aceptada parcialmente por la entidad demandada— promovió la ejecución para el recaudo del capital y los intereses moratorios reconocidos en la sentencia. Durante el trámite, el Juzgado libró mandamiento de pago por el capital y los intereses, rechazó excepciones planteadas por la Fiscalía, y ordenó seguir adelante con la ejecución, incluida la práctica de la liquidación del crédito y la condena en costas a cargo de la parte demandada.

El debate sobre la liquidación de costas

La controversia principal se centró en la liquidación de las costas procesales, específicamente en el cálculo de las agencias en derecho, que son los gastos reconocidos a favor de la parte vencedora por concepto de apoderamiento y representación judicial. La Secretaría del Juzgado fijó las agencias en derecho en un valor equivalente al 3% aplicado únicamente sobre el capital adeudado, excluyendo los intereses moratorios. El apoderado del fondo apeló esta decisión, argumentando...