Providencia judicial y contexto procesal

El Tribunal Administrativo del Tolima, en segunda instancia, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto emitido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La providencia corresponde a la confirmación del auto proferido el 2 de septiembre de 2025, en el expediente identificado con número 73001-33-33-010-2020-00124-02. En primera instancia, la demandante, quien fue parte actora en el proceso contra el ICBF, vio desestimadas sus pretensiones y fue condenada al pago de costas equivalentes a un valor de $1.234.825,52. Posteriormente, la demandante interpuso recurso de apelación cuestionando la liquidación de costas por considerar que no existían elementos probatorios suficientes que justificaran las erogaciones y alegando que actuó de buena fe durante el proceso. El Juzgado de conocimiento desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el auto aprobatorio, argumentando que el momento procesal oportuno para impugnar la condena en costas era el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y no en el trámite posterior de la liquidación.

Consideraciones jurídicas de la Sala Unitaria

El tribunal recordó que, conforme a la Ley 2080 de 2021 y el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la Sala Unitaria es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra autos susceptibles de este medio de impugnación, especialmente los que aprueban liquidaciones de costas. Se enfatizó que el artículo 366 del Código General del Proceso (CGP) establece que la liquidación de costas, que incluye expensas y...