Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su calidad de órgano de primera instancia, conoció un proceso de reparación directa contra el INPEC. Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2025, la Corporación negó las pretensiones de la demanda. La notificación de dicha sentencia se efectuó el 27 de noviembre de 2025; sin embargo, se presentó un error en el correo electrónico al que fue enviada, lo que motivó posteriores recursos por parte de la representación judicial de la parte demandante. El apoderado interpuso recurso de apelación el 19 de diciembre de 2025, seguido de una adición al mismo el 12 de enero de 2026. No obstante, el Tribunal profirió un auto interlocutorio el 18 de febrero de 2026 en el que rechazó el recurso de apelación por extemporáneo, bajo el argumento de que el plazo para interponerlo había finalizado.

Fundamentos jurídicos y valoración del Tribunal

Ante esta situación, el apoderado interpuso recurso de reposición y, en subsidio, una queja contra el auto interlocutorio que rechazó la apelación. Se argumentó que la notificación de la sentencia fue enviada a un correo electrónico erróneo, mientras que el apoderado había informado oportunamente un correo electrónico diferente para tales efectos, hecho respaldado con un comunicado enviado al Tribunal el 24 de julio de 2023. El Tribunal revisó el expediente y constató que, efectivamente, la notificación de la sentencia se realizó a un correo electrónico que no correspondía al informado por la parte demandante. Esto configuró una notificación defectuosa que vulneró el derecho fundamental al debido proceso y la defensa. Según el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021, el recurso de reposición es procedente contra autos, salvo disposición legal en contrario. Además, el artículo 301 del Código General del Proceso (CGP) establece la notificación por conducta concluyente, que implica que si una parte actúa reconociendo el conocimiento de una providencia, se considera notificada en la fecha de dicha actuación. El Tribunal aplicó esta figura jurídica, reconociendo que la presentación del recurso de apelación por parte de la representación judicial el 19 de diciembre de 2025 constituye notificación por conducta concluyente, lo que surte los mismos efectos que una notificación personal.

Decisión final y efectos procesales

Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió:

• Reponer el auto interlocutorio que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación.
• Reconocer la notificación por conducta concluyente de la sentencia del 26 de noviembre de 2025.
• Conceder el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, con efecto suspensivo.

De esta forma, el recurso de apelación presentado por la parte demandante será tramitado en segunda instancia, garantizando el derecho a la defensa dentro del proceso administrativo contencioso.

Implicaciones jurídicas

Esta providencia pone de relieve la importancia de la correcta notificación en los procesos administrativos, especialmente en la era digital donde el correo electrónico es un medio fundamental. Además, reafirma la aplicabilidad del principio de notificación por conducta concluyente para salvaguardar los derechos procesales cuando se evidencian errores formales en los canales de comunicación. La decisión se inscribe en el marco normativo vigente, entre ellos, el CPACA y el CGP, con sus modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022, que regulan los recursos y trámites procesales en la jurisdicción administrativa.

Conclusión

El auto interlocutorio emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca representa un pronunciamiento relevante en materia de procedimientos de apelación y notificaciones dentro de la jurisdicción administrativa. Garantiza la protección efectiva de los derechos de las partes, en especial el derecho al debido proceso, mediante la corrección de errores formales que puedan afectar la validez y oportunidad de los recursos procesales. Esta decisión contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de justicia administrativa, asegurando que los procesos se desarrollen con respeto a las garantías constitucionales y legales de todas las partes involucradas.