Contexto y naturaleza de la providencia
La providencia en análisis corresponde a un auto interlocutorio emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, dentro del proceso de reparación directa identificado con el expediente número 76001-33-33-011-2017-00006-011. Dicha providencia resuelve la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 43, emitida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso se originó por la reclamación de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, a raíz de hechos relacionados con la muerte violenta de un hijo de la demandante y las consecuencias derivadas de dicha situación. La demandante, representada por su apoderada, interpuso recurso de apelación dentro del término legal, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022.
En el escrito de apelación, la parte recurrente solicitó la práctica de pruebas adicionales en segunda instancia, en particular, la copia íntegra de una denuncia por amenazas recibidas posterior a la etapa probatoria en primera instancia. Esta denuncia evidencia la persistencia de riesgos y amenazas contra la demandante y su grupo familiar, hechos que se prolongaron después del homicidio objeto del litigio y que habrían motivado la renuncia de la demandante a su candidatura política.
Consideraciones y decisión del Tribunal
El Tribunal ponderó el carácter excepcional del decreto de pruebas en segunda instancia, conforme al artículo 212 del CPACA, que exige que la parte interesada justifique la pertinencia y procedencia de las pruebas solicitadas. Aunque se reconoció que los hechos posteriores a la primera instancia podrían ser relevantes para evidenciar la continuidad de las amenazas, se concluyó que dicha prueba no resulta pertinente ni conducente para resolver el objeto del litigio, el cual está circunscrito a la responsabilidad estatal derivada del homicidio y sus consecuencias inmediatas.
Por lo tanto, el Tribunal negó la práctica de la prueba solicitada, al no encontrar una relación directa, necesaria y relevante entre dicha prueba y los hechos que sustentan la demanda. Asimismo, se informó a las partes que podrán pronunciarse sobre el recurso de apelación hasta la ejecutoria del auto, y que el Ministerio Público podrá rendir concepto dentro del mismo término.
Resolución del Tribunal
- Se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali.
- Se negó la práctica de la prueba solicitada en segunda instancia por la parte demandante.
- Se comunicó a las partes la posibilidad de pronunciarse sobre el recurso hasta la ejecutoria del auto.
- Se estableció que el agente del Ministerio Público podrá emitir concepto dentro del término señalado.
- Se ordenó la notificación conforme a los procedimientos legales vigentes.
Esta providencia reafirma la rigurosidad en la admisión y práctica de pruebas en segunda instancia, enfatizando que su procedencia debe estar estrictamente justificada y relacionada con el objeto del proceso, en aras de garantizar la eficacia y economía procesal en los procesos administrativos. Así, el Tribunal refuerza el principio de seguridad jurídica y la correcta administración de justicia en el ámbito contencioso administrativo.
