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Proyecto de Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para actualizar tarifas de frecuencias VHF y UHF en 2026

Proviene de: Proyectos de Resolución

25 de mayo de 2026 16:18:22

Propósito general del proyecto de resolución

El proyecto de resolución tiene como propósito general actualizar las tarifas establecidas para el uso de las frecuencias VHF y UHF asignadas a canales nacionales de operación privada y estaciones locales, con y sin ánimo de lucro, conforme a lo establecido en las Resoluciones CNTV 429 de 1997 y 111 de 1998. Esta actualización responde a la función legal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de fijar y administrar dichas tarifas, en concordancia con la legislación vigente.

Objetivo principal y beneficios

El objetivo principal es garantizar que las tarifas reflejen adecuadamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2025, que se sitúa en el 5,10%, asegurando así la actualización económica justa y transparente de los valores cobrados por el uso de las frecuencias. Esta medida beneficia a los concesionarios y operadores de canales nacionales y estaciones locales, facilitando la continuidad en la prestación de servicios audiovisuales y la sostenibilidad financiera en el sector.

Innovaciones y nuevas disposiciones

El proyecto introduce mecanismos específicos para calcular la actualización tarifaria utilizando una fórmula basada en el IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Así, para el año 2026, el valor de la frecuencia VHF se actualiza a seis millones cincuenta y ocho mil doscientos setenta y ocho pesos ($6.058.278), y la frecuencia UHF a cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos ($5.452.467). Esta fórmula garantiza un ajuste automático y transparente conforme a la inflación.

Medidas y regulaciones específicas

El proyecto establece que la actualización tarifaria se aplicará para la vigencia 2026 y que la resolución regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial. Además, se realizó un análisis de impacto sobre la libre competencia mediante un cuestionario adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), concluyendo que la actualización no genera restricciones indebidas a la competencia. Por lo tanto, no es necesaria la remisión del proyecto a dicha entidad para su evaluación regulatoria.

Impacto y alcance potencial

La actualización tarifaria contribuye a la sostenibilidad financiera del sector de la televisión privada y comunitaria, promoviendo la continuidad y calidad en la prestación de servicios audiovisuales. Al ajustarse conforme al IPC, se garantiza que las tarifas no pierdan valor real frente a la inflación, lo que impacta positivamente a los concesionarios y operadores, tanto nacionales como locales, con y sin ánimo de lucro.

Participación de actores clave

El proyecto fue elaborado y revisado por diferentes dependencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo el Grupo Interno de Trabajo del Servicio de Televisión, la Dirección de Industria de Comunicaciones, la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, la Dirección Jurídica, así como asesores y coordinadores del viceministerio de conectividad. Se abrió un periodo de consulta pública en el sitio web del Ministerio para recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de ciudadanos y grupos de interés, promoviendo la transparencia y participación ciudadana en el proceso regulatorio. En suma, este proyecto de resolución representa una actualización técnica y económica necesaria para el adecuado funcionamiento del sector televisivo privado y comunitario, enmarcada dentro del cumplimiento de las funciones legales asignadas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su implementación permitirá un manejo eficiente y equilibrado de los recursos espectrales, asegurando un servicio de calidad para los usuarios y el desarrollo sostenible del sector audiovisual en el país.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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