Contexto y antecedentes del caso

El conflicto se originó tras una denuncia de presunta vulneración de derechos de un menor en Tolima, que dio lugar a la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por parte de la Comisaría de Familia local. La Comisaría inició las actuaciones administrativas, adoptando medidas de protección y realizando valoraciones interdisciplinarias. Sin embargo, por vencimiento de términos legales para dictar una decisión de fondo, la autoridad administrativa perdió competencia y remitió el proceso al Juzgado Promiscuo de Familia de una jurisdicción cercana. Este juzgado asumió el conocimiento del PARD, declaró la nulidad de lo actuado por la Comisaría, confirmó la situación de vulneración de derechos del menor y estableció medidas provisionales de protección. Posteriormente, remitió el trámite a la Comisaría para que subsanara errores y continuara con el seguimiento y definición del PARD. Ambas autoridades, Comisaría y Juzgado, rechazaron sucesivamente la competencia para continuar el proceso, lo que motivó la solicitud al Consejo de Estado para que resolviera el conflicto.

Competencia y marco normativo aplicable

El Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia prevista en los artículos 39 y 112 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021, analizó el caso conforme a la Constitución Política y al Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), junto con sus modificaciones introducidas por las Leyes 1878 de 2018 y 1955 de 2019. El artículo 44 constitucional establece la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la obligación del Estado de...