Providencia y tribunal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en segunda instancia, emitió sentencia el 7 de mayo de 2026, confirmando la improcedencia de una acción de tutela interpuesta contra decisiones previas del Tribunal Administrativo de un departamento y de la Sección Segunda, Subsección B del mismo Consejo de Estado.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, exmiembro de la Fuerza Pública retirado en 2015, solicitó el reajuste de su asignación de retiro con base en la actualización del salario según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional. Dicha solicitud fue negada por las entidades administrativas competentes. Posteriormente, se presentó una demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue desestimada en primera instancia por el Tribunal Administrativo, decisión confirmada en segunda instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado. En estas providencias se estableció que el reajuste salarial y de asignaciones de retiro para la Fuerza Pública es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, quien puede aplicar diversos parámetros económicos, no limitándose exclusivamente al IPC. Frente a estas decisiones, se interpuso una acción de tutela argumentando violaciones al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y derecho a una remuneración mínima vital y móvil. Se alegó además desconocimiento del régimen especial de la Fuerza Pública y de la jurisprudencia relevante.

Consideraciones de la Sala

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales,...