Providencia y tribunal competente

La decisión fue proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en respuesta a la impugnación presentada contra una sentencia de 16 de febrero de 2026 dictada por la Sección Segunda, Subsección B del mismo Consejo. La acción de tutela cuestionaba una providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B, emitida el 10 de octubre de 2025, la cual revocó una sentencia de primera instancia favorable al accionante.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante promovió una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, solicitando el amparo de derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, propiedad privada y libertad económica, así como la aplicación del principio de seguridad jurídica. La controversia se originó tras una sanción ambiental impuesta por el Establecimiento Público Ambiental local (EPA), que multó al accionante por incumplimientos relacionados con la inscripción extemporánea en el registro de generadores de residuos peligrosos. Inicialmente, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla declaró nulas las resoluciones sancionatorias debido a la caducidad de la acción sancionatoria y a la omisión de etapas procesales esenciales, como la indagación preliminar. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó esta decisión, argumentando que la caducidad en materia ambiental se extiende a 20 años según la Ley 1333 de 2009 y que la etapa de indagación preliminar es facultativa cuando la infracción es clara y flagrante. El accionante interpuso entonces una acción de tutela contra esta providencia jurisdiccional, alegando vulneración de sus derechos fundamentales, y solicitó...