Contexto y antecedentes del caso

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, conoció el recurso de impugnación interpuesto contra una decisión previa de la misma Corte, Sección Quinta, que declaró improcedente una acción de tutela promovida por un exoficial de la Policía Nacional. El accionante alegaba vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y remuneración mínima vital y móvil, en relación con sentencias que negaron el reajuste de su asignación salarial y pensional. El caso se originó tras una demanda interpuesta en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se solicitó la reliquidación integral de la asignación de retiro, argumentando que durante los años 1987 a 2016 los decretos de aumento salarial expedidos por el Gobierno Nacional fueron inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC), causando una pérdida acumulada del poder adquisitivo. Las instancias judiciales previas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, rechazaron las pretensiones, fundamentando que los incrementos salariales para miembros de la Fuerza Pública son competencia exclusiva del Gobierno Nacional, conforme a la Ley 4 de 1992, y que para quienes devengan salarios superiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, los ajustes pueden realizarse con parámetros distintos al IPC sin que ello implique vulneración de derechos fundamentales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional, subsidiario y restringido a casos donde se evidencie una vulneración clara y manifiesta de derechos fundamentales....