Contexto y competencia del tribunal

El Consejo de Estado, en segunda instancia y a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, conoció y decidió sobre una recusación planteada contra uno de sus magistrados en el marco de un proceso de nulidad electoral. La recusación fue interpuesta por los demandantes en contra del magistrado encargado de conocer la demanda que cuestiona la elección de un magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes presentaron una demanda de nulidad electoral contra la elección del magistrado de la Corte Constitucional, argumentando irregularidades en el proceso. Posteriormente, recusaron al magistrado que conocía del caso, alegando que éste tenía un interés directo en el proceso debido a que su hija fue nombrada en un cargo profesional dentro de la Defensoría del Pueblo, entidad que habría sido objeto de influencia por parte del magistrado demandado en la elección. Los recusantes sostuvieron que dicho nombramiento generaba un conflicto de intereses capaz de afectar la imparcialidad del juez, señalando además la supuesta falta de respuesta oportuna del magistrado recusado a una solicitud de información mediante derecho de petición, lo cual interpretaron como un intento de ocultar información relevante. El magistrado recusado respondió que no existía interés directo ni impedimento para decidir el caso, y que el nombramiento de su hija no constituía un beneficio personal ni interfería en su capacidad para impartir justicia. Además, aclaró que la designación del magistrado demandado fue realizada por el Senado de la República, y no por él.

Consideraciones jurídicas de la providencia

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