Contexto y antecedentes del proceso

El caso se originó con una demanda interpuesta en abril de 2021 por la Defensoría del Pueblo contra el departamento del Caquetá, el municipio de Puerto Rico (Caquetá), el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), y otras entidades. La demanda buscaba la protección de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el uso y defensa del espacio público, y la seguridad de las poblaciones del corregimiento de Santana Ramos y áreas circundantes, en atención a la problemática de la malla vial terciaria que conecta Puerto Rico (Caquetá) con Algeciras (Huila). El Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda, y posteriormente vinculó como litisconsortes necesarios a otras entidades departamentales y municipales. En sentencia de septiembre de 2024, el tribunal amparó los derechos colectivos y ordenó a las entidades involucradas promover, en un plazo de seis meses, estudios y proyectos técnicos para mitigar riesgos asociados a la vía mencionada. Contra esta sentencia, las entidades demandadas interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron admitidos por el Consejo de Estado en marzo de 2026.

Solicitud de pruebas en segunda instancia y análisis jurídico

En el trámite de apelación, el departamento del Caquetá solicitó la práctica de diversas pruebas, entre ellas inspección judicial o pericial sobre la vía en cuestión, y la rendición de informes detallados por parte de las entidades involucradas sobre el estado actual de la vía y las acciones realizadas para atender emergencias. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado evaluó esta petición conforme al artículo 327 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión del artículo 37 de la...