Contexto y fundamento jurídico

La circular externa se basa en principios constitucionales, como el artículo 44 de la Constitución Política, que establece la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo y otorga especial protección a esta población. Además, se apoya en normativas previas como la Circular Externa 047 de 2007 y sus modificaciones, así como en el Decreto 441 de 2022, que regulan la gestión del aseguramiento en salud y los mecanismos de protección al usuario.

Instrucciones principales

Entre las disposiciones más relevantes, se destaca la inclusión explícita de las cohortes de trasplantados, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades huérfanas, respiratorias crónicas y VIH relacionadas con niños, niñas y adolescentes, dentro de los casos considerados de riesgo vital. Asimismo, se adiciona a los gestores farmacéuticos y a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) como actores involucrados en la protección al usuario y en la gestión de peticiones, quejas y reclamos, sin que esto implique la delegación de las responsabilidades propias de las entidades promotoras de salud (EPS). Los reclamos por riesgo vital relacionados con esta población deberán ser gestionados y resueltos con carácter prioritario e inmediato, en un plazo máximo de ocho horas desde su radicación. En caso de incumplimiento, las EPS deberán informar de manera inmediata a la Superintendencia, detallando las causas y los responsables, para que se inicie el traslado compulsivo a las autoridades competentes. Además, se establece la obligación de realizar un seguimiento mensual a los niños, niñas y adolescentes con riesgo...