Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia dentro del proceso especial de nulidad electoral. El proceso se originó tras la demanda presentada por una sociedad de asesorías jurídicas contra el alcalde electo de Tunja para el periodo constitucional 2024-2027.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se vio marcado por múltiples recursos, solicitudes y peticiones presentadas por el demandado, consideradas por el tribunal como dilatorias e impertinentes. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya había amparado derechos fundamentales y ordenado abstenerse de presentar recursos con fines dilatorios, ordenando además la activación de poderes correccionales para sancionar estas conductas. En cumplimiento de dicha orden, la Sección Primera dictó un auto sancionatorio el 13 de abril de 2026, en el que se concluyó que el demandado incurrió en conductas dilatorias tipificadas en el numeral 5° del artículo 79 del Código General del Proceso y 5° del artículo 60A de la Ley 270 de 1996, imponiéndole una multa equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Posteriormente, el demandado interpuso recurso de reposición solicitando la suspensión de la sanción en tanto se resolviera una acción de tutela relacionada con el asunto, alegando la necesidad de respetar el derecho de defensa y debido proceso.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

El despacho ponente confirmó la competencia para resolver el recurso de reposición y analizó los argumentos presentados. Se destacó que la imposición de la multa se fundamenta en el artículo...