Competencia y naturaleza de la providencia

El auto fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, órgano competente para conocer y resolver en única instancia los procesos de nulidad electoral relacionados con elecciones de representantes a la Cámara. La providencia resuelve sobre la admisión de la demanda y la solicitud de medida cautelar en el marco de un proceso contencioso administrativo electoral.

Antecedentes fácticos y procesales

Un ciudadano presentó demanda de nulidad electoral contra el acto de elección de varios representantes a la Cámara por Bogotá, contenido en el formulario oficial expedido tras las elecciones legislativas de marzo de 2026. La demanda se fundamenta en supuestas irregularidades en la inscripción y reinscripción de listas de candidatos avaladas por movimientos políticos que conformaron una coalición electoral. Específicamente, se alega que la lista cuestionada fue inscrita inicialmente como coalición entre dos movimientos políticos, pero dicha inscripción fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a que la coalición superó el umbral del 15% de votos válidos establecido en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política. Posteriormente, el CNE autorizó la fusión por absorción de uno de los movimientos en el otro, y permitió una nueva inscripción de la lista por el movimiento fusionado, lo que habría ocurrido de forma extemporánea y sin cumplir los requisitos legales. El demandante solicitó, además de la nulidad del acto electoral, la cancelación de las credenciales de los electos y la exclusión de la lista del cómputo general de votos. También pidió la suspensión provisional de los efectos del acto de elección para evitar perjuicios irremediables mientras se resuelve el proceso. Durante el trámite, la demanda fue subsanada tras inadmisión inicial por acumulación indebida de causales. Se corrió traslado a las partes demandadas, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público para que se pronunciaran sobre la solicitud cautelar y la demanda.

Consideraciones jurídicas centrales

La Sala verificó que la demanda cumple con los requisitos de oportunidad, forma y contenido previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por lo que procedió a admitirla para su trámite en única instancia. Respecto a la medida cautelar solicitada, la Sala recordó que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo electoral requiere que, de la confrontación preliminar entre el acto cuestionado y las normas superiores invocadas, surja una violación evidente que justifique la suspensión para proteger el objeto del proceso y evitar perjuicios irreparables. El análisis se centró en el artículo 262 constitucional, inciso 5, que limita la conformación de coaliciones electorales cuando la sumatoria de votos válidos supere el 15% en la circunscripción respectiva. La Sala recordó su jurisprudencia reciente que establece que el acuerdo de coalición, suscrito antes de la inscripción, debe definir la distribución de votos para aplicar dicho límite. Tras examinar los documentos allegados, la Sala encontró que la inscripción cuestionada corresponde a la realizada por el movimiento político individual luego de la revocatoria de la inscripción en coalición, y que dicha modificación se realizó dentro del término legal previsto en la Ley 1475 de 2011. Además, advirtió que la resolución que autorizó la fusión entre los movimientos políticos es un acto administrativo con presunción de legalidad cuya legalidad debe ser objeto de un proceso autónomo y no puede ser objeto de control en el presente proceso electoral. En consecuencia, no se evidenció en esta etapa procesal la existencia de una infracción clara y manifiesta al ordenamiento jurídico que justifique la suspensión provisional de los efectos del acto de elección.

Decisión

Por lo anterior, la Sala admitió la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por Bogotá para el período 2026-2030, ordenando notificar a las partes, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público. A la vez, negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto de elección. La providencia enfatiza que esta decisión no prejuzga sobre el fondo del asunto, y que la medida cautelar podrá ser revisada conforme avance el proceso y se practiquen las pruebas correspondientes.

Reconocimiento de personería

Finalmente, la Sala reconoció la personería judicial para actuar en el proceso a los apoderados de las partes demandadas y de las autoridades involucradas en la expedición del acto electoral. Esta decisión ejemplifica el rigor y la cautela con que la jurisdicción electoral aborda la admisión de demandas de nulidad electoral y la aplicación de medidas cautelares, garantizando la protección del debido proceso y la seguridad jurídica en el marco de los comicios legislativos. Así, el proceso continuará su curso conforme a lo establecido en la ley, asegurando que se respeten los derechos de todos los actores involucrados y se preserve la integridad del sistema electoral.