Contexto y alcance del proyecto de decreto
El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Defensa Nacional, buscaría modificar el Decreto 1070 de 2015, que compila la regulación del sector defensa, especialmente en materia de vigilancia y seguridad privada. Esta iniciativa se fundamentaría en la necesidad de actualizar las tarifas mínimas para estos servicios, considerando cambios recientes en la legislación laboral y en el entorno económico del sector.
El Decreto Ley 356 de 1994 establece que las tarifas para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada deben garantizar el reconocimiento de salarios mínimos legales, horas extras, recargos nocturnos y festivos, prestaciones sociales y costos operativos inherentes al servicio. Además, se subrayaría la importancia de mantener una tarifa mínima que asegure la sostenibilidad financiera de las empresas y cooperativas del sector.
Propósito principal y grupos afectados
El proyecto tendría como objetivo principal fijar tarifas mínimas actualizadas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada, que tendrían que ser respetadas por los prestadores autorizados y los contratantes. Se contemplarían tarifas diferenciales para distintos sectores contratantes, incluyendo el sector residencial, micro y pequeñas empresas, entidades públicas de ciertas categorías, y el sector educativo privado en departamentos y municipios específicos.
Los principales afectados serían las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, así como los trabajadores del sector, quienes verían reflejados en las tarifas mínimas las condiciones derivadas de la reducción gradual de la jornada laboral y los nuevos recargos por trabajo en días festivos y nocturnos, establecidos en las leyes laborales recientes.
Modificaciones y estructura tarifaria propuesta
Entre las modificaciones destacadas, el proyecto plantearía:
- La fijación de tarifas mínimas para servicios de vigilancia y seguridad privada en modalidad de 24 horas por 30 días al mes, diferenciadas según la modalidad del servicio: sin armas con medio humano, con armas y con medio humano y canino.
- Una estructura tarifaria compuesta por la suma de costos directos (incluyendo salario legal mensual vigente y recargos), costos indirectos (administración y supervisión) y el seguro de vida obligatorio.
- La actualización periódica de los factores salariales y operativos, vinculados al salario mínimo legal mensual vigente y a la Unidad de Valor Básico (UVB), respectivamente.
- Tarifas diferenciadas para usuarios residenciales, micro y pequeñas empresas, entidades públicas de ciertas categorías y el sector educativo privado en determinadas regiones, con porcentajes menores en costos indirectos.
- La posibilidad de que las cooperativas de vigilancia y seguridad privada apliquen un descuento de hasta el 10% sobre las tarifas mínimas, en consideración a su régimen especial de trabajo asociado.
- Regulación sobre la proporcionalidad de las tarifas cuando el servicio contratado sea inferior a 24 horas, con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada encargada de emitir circulares correspondientes.
- Disposiciones para el control y sanción de quienes contraten o presten servicios por debajo de las tarifas mínimas o vulnerando derechos laborales.
- Facultades para la Superintendencia de calcular tarifas para otros servicios del sector bajo su inspección y vigilancia, con base en la estructura de costos definida.
Participación de actores clave y supervisión
El proyecto mantendría a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las tarifas mínimas y de la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector. Además, esta entidad tendría la responsabilidad de emitir circulares para la actualización anual de tarifas y para regular la proporcionalidad en servicios contratados por períodos inferiores a 24 horas.
Información adicional y proceso de participación ciudadana
Al tratarse de un proyecto de decreto, se esperaría que esté disponible para consulta pública a través de los canales oficiales del Ministerio de Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La ciudadanía y los sectores interesados podrían enviar comentarios o propuestas durante el periodo establecido para la participación, que sería informado oportunamente por las autoridades competentes.
Este proyecto reflejaría la intención del Gobierno Nacional de adaptar la regulación tarifaria del sector de vigilancia y seguridad privada a los cambios normativos y económicos recientes, promoviendo condiciones laborales dignas y la sostenibilidad del sector. Sin embargo, hasta su promulgación y publicación oficial, dichas disposiciones no tendrían carácter vinculante, por lo que se recomienda a los actores involucrados mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales para su adecuada implementación.
