Propósito y contexto de la Ley 2585 de 2026

La Ley 2585 de 2026 tiene como propósito principal disponer instrumentos legales para asegurar que la cadena productiva del ganado bovino en Colombia sea sostenible y libre de deforestación. Esta regulación se enmarca en un contexto nacional en el que la ganadería ha sido identificada como una de las actividades económicas con impacto significativo en la deforestación, problemática ambiental prioritaria para el país. La ley busca articular esfuerzos desde los sectores agrícola, ambiental y catastral, para promover un desarrollo ganadero compatible con la protección de los ecosistemas forestales. Sancionada el 4 de junio de 2026, la norma establece la interoperabilidad gradual de diversos sistemas de información, tales como los del sector agropecuario, ambiental y catastral, con el fin de mejorar el monitoreo, la identificación y el control de la actividad ganadera en zonas vulnerables a la deforestación.

Proceso Legislativo

El trámite legislativo de esta ley incluyó debates centrados en la necesidad de fortalecer los mecanismos de trazabilidad ganadera y la coordinación interinstitucional para combatir la deforestación. Se destacó la importancia de integrar sistemas tecnológicos y administrativos para garantizar transparencia y efectividad en el control. La aprobación contó con el respaldo mayoritario de las comisiones y plenarias del Congreso, reflejando un consenso en torno a la urgencia de proteger los recursos naturales mediante acciones concretas en el sector productivo.

Contenido clave y principales disposiciones

Entre las disposiciones más relevantes de la Ley 2585 de 2026 se encuentran:

• Interoperabilidad de sistemas de información: Se ordena la integración progresiva de los sistemas nacionales de identificación y trazabilidad animal (SINIGAN, SNIITA), el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, el Catastro Multipropósito, el Sistema Nacional Catastral y el Registro de la Propiedad Inmueble. Esta integración permitirá identificar con precisión la ubicación y movilidad del ganado, especialmente en zonas de alta deforestación.
• Creación y fortalecimiento de comisiones y consejos: Se establece la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal, con representación de diversos ministerios y entidades, encargada de asesorar y coordinar la implementación de la ley. Asimismo, se modifica y convierte en permanente el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales, encargado de articular políticas, programas y acciones interinstitucionales para detener la deforestación.
• Regulación de zonas de alta vigilancia: Se faculta para declarar Zonas de Alta Vigilancia en Núcleos Activos y de Alta Deforestación, donde se implementarán medidas especiales de control sobre la actividad ganadera, incluyendo el uso prioritario de dispositivos de identificación individual para animales y el registro detallado de predios.
• Políticas de debida diligencia y buenas prácticas: Las plantas de beneficio, comercializadores y demás actores de la cadena productiva deberán implementar políticas para garantizar que el ganado provenga de predios libres de deforestación, con obligatoriedad de custodia y disponibilidad de información para autoridades y comunidades locales.
• Certificación y promoción de ganadería sostenible: Se adopta la actualización de la Norma Técnica Colombiana NTC 6550:2021 – Sello Ambiental Colombiano, para incentivar la producción y comercialización de productos ganaderos que cumplan con criterios de sostenibilidad y cero deforestación. Además, se crea la figura del productor “libre de deforestación”, con procedimientos para su acreditación pública y gratuita.
• Financiación y evaluación: La ley autoriza la asignación de recursos para implementar la interoperabilidad y las zonas de alta vigilancia, estableciendo un sistema de evaluación periódica con indicadores sobre la certificación, el impacto ambiental y el avance en la lucha contra la deforestación.

Implicaciones y aplicación práctica

La Ley 2585 de 2026 representa un avance en la regulación ambiental y productiva del sector ganadero, al establecer mecanismos tecnológicos y administrativos para una trazabilidad efectiva que permita prevenir la deforestación. La interoperabilidad de sistemas facilita la transparencia y la coordinación interinstitucional, involucrando ministerios de Agricultura, Ambiente, Defensa, Justicia, entre otros. El fortalecimiento de las instancias de gobernanza, como la Comisión Nacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, establece un marco para la articulación de políticas públicas con enfoque integral, social y ambiental. La promoción de acuerdos voluntarios “Cero Deforestación” y la certificación de productores apuntan a incentivar buenas prácticas en el sector y a informar al consumidor sobre la sostenibilidad de los productos. Por otro lado, la implementación de zonas de alta vigilancia y las políticas de debida diligencia generan obligaciones específicas para los actores de la cadena ganadera, que deberán adaptarse a nuevos estándares y protocolos para garantizar la legalidad y sostenibilidad ambiental de sus actividades.