Contexto y emisión de la resolución
La resolución VPF-2088 fue emitida el 4 de junio de 2026 por la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Esta modificación afecta la Resolución VPPF número 058 del 23 de mayo de 2022, que había reservado cuatro bloques con potencial minero en los municipios de California, Suratá y Vetas, en Santander. El bloque ZRP-736, con una extensión de 67,1825 hectáreas, es objeto de esta terminación de reserva.
Objeto y destinatarios de la resolución
La resolución se dirige principalmente a la gestión administrativa y técnica de la ANM, así como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El objetivo es regular la situación de esta zona minera reservada, teniendo en cuenta las obligaciones ambientales pendientes derivadas del antiguo Contrato de Concesión Minera número 3452, cuyo titular renunció y cuyo cierre y desmantelamiento están en proceso.
Finalidad y decisiones principales
El propósito de la resolución es dar por terminada la reserva de la ZRP-736, debido a que persisten obligaciones ambientales sin cumplir por parte del ex concesionario, las cuales están supervisadas por la ANLA. Además, se identificaron riesgos técnicos y ambientales, como la existencia de túneles exploratorios que avanzan hacia ecosistemas de páramo, lo cual genera controversias y limita la viabilidad de actividades mineras en esa área.
Las principales decisiones son:
- Modificar el artículo primero de la resolución anterior para terminar en su totalidad la reserva del bloque ZRP-736.
- Ordenar la desanotación o archivo del polígono correspondiente en el Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM), retirando así la zona de la reserva minera.
- Comunicar esta decisión al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que incorpore el área a la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal, conforme a la Resolución número 0221 de 2025.
- Informar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que continúe con sus competencias sobre el control y seguimiento ambiental.
Fundamentación legal
La resolución se sustenta en múltiples normas, entre ellas:
- Artículos 20 de la Ley 1753 de 2015 y 317 de la Ley 685 de 2001, que facultan a la ANM para definir y reservar áreas con potencial minero.
- Decreto Ley 4134 de 2011, que crea la ANM y le otorga autonomía para administrar y conceder derechos mineros.
- Artículo 114 de la Ley 685 de 2001, que establece la obligación del concesionario de ejecutar labores de cierre y abandono, independientemente de la terminación del contrato.
- Decreto 1076 de 2015 que reglamenta la presentación y aprobación del Plan de Desmantelamiento y Abandono (PCDA) ante autoridades ambientales.
- Sentencias de la Corte Constitucional C-035 de 2016 y T-766 de 2015, que regulan la concertación con autoridades locales y la consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes en áreas estratégicas mineras.
Impacto potencial y relevancia
Esta resolución refleja la interacción entre la gestión minera y la protección ambiental, resaltando la importancia de cumplir con las obligaciones ambientales aun después de la terminación de títulos mineros. La decisión de liberar el bloque ZRP-736 implica que no se permitirá el desarrollo de actividades mineras en dicha área, protegiendo ecosistemas sensibles y garantizando la ejecución de planes de cierre y abandono.
Además, la coordinación entre la ANM, la autoridad ambiental y el Ministerio de Ambiente asegura la incorporación del área a reservas de recursos naturales renovables, promoviendo un manejo sostenible de los territorios afectados. Esto también implica un precedente para la gestión de áreas con potencial minero que presentan riesgos ambientales o incumplimientos contractuales.
Plazos y seguimiento
La resolución establece plazos para que el ex concesionario presente el Plan de Desmantelamiento y Abandono, con obligaciones ambientales específicas. Asimismo, ordena la notificación a las autoridades competentes para que realicen las incorporaciones territoriales pertinentes y continúen con el control ambiental.
En suma, la Resolución VPF-2088 de 2026 representa un paso administrativo y jurídico importante en la regulación de áreas mineras reservadas en Colombia, equilibrando intereses económicos, sociales y ambientales en el marco normativo vigente, y asegurando la protección de ecosistemas estratégicos en el departamento de Santander.
