Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en su Sala de Decisión No. 5, actuando en segunda instancia, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación contra la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja. La providencia judicial es una sentencia que confirma en gran medida el fallo inicial, haciendo precisiones sobre la reliquidación de las prestaciones sociales de los servidores demandantes.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes, servidores de la Fiscalía General de la Nación, interpusieron una demanda mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, impugnando la exclusión de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales. La controversia se originó por la aplicación del artículo 1º del Decreto 382 de 2013, que establece que la bonificación judicial constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, excluyéndola para otros efectos legales. La demanda buscaba la nulidad de actos administrativos que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial integral, así como la reliquidación y pago correspondiente de las prestaciones sociales desde el 1° de enero de 2013. El Juzgado Administrativo Transitorio de Tunja accedió parcialmente a estas pretensiones, declarando inconstitucional la limitación impuesta por el Decreto 382 de 2013 y ordenando la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como salario.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá reiteró que la bonificación judicial, al ser una remuneración habitual y periódica que retribuye directamente la prestación del servicio, debe considerarse factor salarial para todos los efectos legales, no solo para la base de cotización en salud y pensión. Esta conclusión se fundamenta en:

• El concepto constitucional y laboral de salario, que incluye toda contraprestación habitual y directa por el trabajo realizado.
• El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que establecen criterios para identificar el salario más allá de su denominación formal.
• La inaplicación del Decreto 382 de 2013 en lo que restringe la bonificación solo a la base de cotización, por violar principios constitucionales como la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y el derecho fundamental a un trabajo digno.

Además, la Sala confirmó que la prescripción opera para la reclamación de prestaciones laborales con anterioridad al 6 de julio de 2015, salvo para el pago de cesantías anualizadas, las cuales son imprescriptibles mientras mantenga vigente el vínculo laboral. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia para precisar la reliquidación y pago de prestaciones sociales desde dicha fecha, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial.

Implicaciones y alcance de la decisión

Esta sentencia reafirma la protección constitucional que deben tener los derechos laborales de los servidores públicos, especialmente en materia de remuneración y prestaciones sociales. La decisión establece un precedente relevante sobre la interpretación del Decreto 382 de 2013, garantizando que las bonificaciones de naturaleza habitual y periódica sean reconocidas plenamente como salario para efectos de prestaciones sociales. Asimismo, la providencia destaca la importancia de la excepción de inconstitucionalidad como herramienta para proteger derechos fundamentales en casos concretos, permitiendo inaplicar normas que, en su aplicación literal, vulneran mandatos constitucionales. En conclusión, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirma la obligación de la Fiscalía General de la Nación de reliquidar y pagar las diferencias salariales derivadas de la bonificación judicial para sus servidores, en cumplimiento de los principios constitucionales laborales y la normativa vigente. Esta decisión no solo beneficia a los servidores demandantes sino que sienta un precedente importante para el reconocimiento de derechos laborales en el sector público, fortaleciendo la justicia social y el respeto por la dignidad laboral.