Contexto y tribunal competente

La Sala de Decisión 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ponencia de una magistrada, conoció en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) contra la sentencia proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja. La decisión se enmarca en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

Antecedentes fácticos y procesales

Un servidor judicial adscrito a la Rama Judicial presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial – DEAJ, luego de que su solicitud para que la bonificación judicial se reconociera como factor salarial para todos los efectos, incluyendo la liquidación de prestaciones sociales, fuera negada mediante oficio administrativo. El demandante argumentó que el acto administrativo desconocía normas constitucionales y laborales, al excluir la bonificación judicial de la base salarial, lo que generaba una indebida liquidación de sus prestaciones sociales. En primera instancia, el juzgado accedió parcialmente a la demanda, declarando la inaplicabilidad del aparte del Decreto 383 de 2013 que limitaba la bonificación judicial como factor salarial únicamente para cotizaciones a salud y pensiones. Ordenó la reliquidación y pago de las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación desde el 26 de junio de 2021, y rechazó la excepción de imposibilidad presupuestal planteada por la entidad demandada. La DEAJ apeló la sentencia, reiterando su defensa basada en la potestad del Gobierno Nacional para definir la naturaleza salarial de los conceptos remunerativos, la legalidad del Decreto 383 de 2013, y la falta de disponibilidad presupuestal para atender la reliquidación.

Consideraciones jurídicas principales

El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia, destacando varios puntos clave:

• Naturaleza de la bonificación judicial: La bonificación nació como un mecanismo de nivelación salarial dispuesto por la Ley 4ª de 1992, cuyo parágrafo en el artículo 14 ordena revisar el sistema de remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial para corregir desbalances salariales mediante criterios de equidad.
• Limitación impuesta por el Ejecutivo: La expresión del Decreto 383 de 2013 que restringe la bonificación judicial a un factor salarial solo para efectos de cotización en salud y pensiones se aparta del mandato legal y vulnera principios constitucionales, como el derecho a la igualdad y la primacía de la realidad en materia laboral.
• Competencia legislativa y reglamentaria: El Congreso define los criterios generales para la regulación salarial, mientras que el Gobierno Nacional debe ceñirse a esos parámetros sin restringir indebidamente los efectos salariales y prestacionales de las bonificaciones.
• Disponibilidad presupuestal: El tribunal reiteró que la falta de recursos no justifica el incumplimiento de sentencias judiciales. La Administración tiene la obligación de apropiar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de decisiones judiciales firmes.
• Prescripción: Se aclaró que las diferencias causadas con anterioridad al 26 de junio de 2021 están prescritas, conforme a los términos legales aplicables.

Fallo y alcance

El Tribunal adicionó la sentencia de primera instancia para declarar la prescripción de las sumas anteriores a la fecha señalada y confirmó en lo demás el fallo que ordenó la reliquidación de prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial. No se impuso condena en costas en esta instancia, dado que la demanda contó con sustento legal.

Implicaciones jurídicas

Este pronunciamiento reafirma la importancia de respetar los mandatos legales y constitucionales en materia salarial para los servidores públicos de la Rama Judicial. Además, establece límites claros a la potestad reglamentaria del Ejecutivo y confirma que la Administración debe garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias, independientemente de las dificultades presupuestales. La sentencia contribuye a clarificar la naturaleza jurídica de la bonificación judicial y sienta un precedente relevante para procesos similares en el ámbito laboral y administrativo del sector público, fortaleciendo la protección de los derechos laborales de los servidores judiciales y promoviendo la equidad salarial dentro de la Rama Judicial.