Contexto y antecedentes del proceso

La providencia en análisis corresponde a una sentencia proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá, en apelación contra la sentencia del Juzgado Administrativo Transitorio de Tunja. El proceso se originó a partir de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por un servidor judicial contra la Nación, representada en este caso por la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El demandante solicitó la inaplicación de la expresión contenida en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013 y sus posteriores modificaciones, que establecía que la bonificación judicial “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Además, requirió la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la bonificación como factor salarial, la reliquidación y el pago retroactivo y futuro de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales incluyendo esta bonificación, con actualización conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el pago de intereses. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, argumentando que la bonificación judicial no tiene carácter salarial más allá de los aportes a pensión y salud, y que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional es exclusiva del Gobierno Nacional. Asimismo, presentó excepciones relacionadas con imposibilidad presupuestal y prescripción.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Sala de Decisión Cuarta confirmó la sentencia de primera instancia, apoyándose en un análisis jurídico riguroso sobre la naturaleza salarial de la bonificación judicial. Se destacó que este pago es habitual y periódico, percibido en contraprestación directa por el servicio personal del servidor judicial, lo cual encuadra dentro del concepto amplio de salario establecido por la legislación laboral colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Se resaltaron los siguientes puntos clave:

• Concepto amplio de salario: Incluye toda remuneración habitual y periódica que el trabajador recibe por sus servicios, independientemente de la denominación que se le otorgue.
• Principios constitucionales aplicables: Se invocan los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, que garantizan la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la primacía de la realidad sobre la forma.
• Inaplicación parcial de la norma reglamentaria: Mediante la excepción de inconstitucionalidad, se inaplicó la expresión del Decreto 383 de 2013 que limitaba el carácter salarial de la bonificación judicial, al ser contraria a los derechos fundamentales laborales.
• Prescripción: Se reconoció la prescripción extintiva para derechos anteriores al 7 de marzo de 2019, ajustando el restablecimiento del derecho a este marco temporal.
• Imposibilidad presupuestal: La Sala aclaró que la sostenibilidad financiera no puede ser argumento para desconocer derechos laborales reconocidos constitucionalmente.

Implicaciones de la sentencia y conclusión de la Sala

La decisión implica que la bonificación judicial debe ser considerada en la base salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos legales. La entidad demandada deberá proceder a la reliquidación y pago retroactivo y futuro conforme a esta interpretación, aplicando los reajustes legales y respetando la prescripción. Respecto a la condena en costas, no se impusieron en ninguna instancia por falta de elementos probatorios que justificaran su imposición. Finalmente, la Sala ordenó la devolución del expediente al juzgado de origen para el cumplimiento de lo resuelto. Esta providencia reafirma la importancia de que las entidades públicas ajusten sus actuaciones a los principios constitucionales y al marco normativo vigente, garantizando la protección efectiva de los derechos laborales de los servidores públicos.