Contexto y fundamento legal del Decreto 0585 de 2026
El Decreto 0585 fue emitido por la Presidencia de la República en 2026, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas por los artículos 189 y 208 de la Constitución Política, la Ley 2294 de 2023, y en cumplimiento de compromisos adquiridos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El decreto responde a la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos humanos mediante medidas legislativas y administrativas adecuadas, conforme a tratados internacionales ratificados que tienen prevalencia en el orden interno.
Entre sus fundamentos destacan la necesidad de superar la fragmentación institucional en la política de derechos humanos, así como la implementación de recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. También se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que prioriza la paz integral y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Objetivo y medidas principales del Plan Nacional de Acción
El decreto adopta el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036 como el instrumento rector para la articulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política estatal en derechos humanos. Este plan se formula de manera participativa entre entidades públicas, sociedad civil, organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos.
El objetivo general es promover, proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia, con especial atención a grupos históricamente vulnerables y discriminados. Entre los objetivos específicos se incluyen:
- Garantizar derechos económicos, sociales y culturales con enfoque diferencial.
- Proteger el acceso a la tierra y recursos naturales, y enfrentar la crisis climática.
- Fortalecer la participación democrática y la cultura de paz.
- Impulsar la justicia efectiva y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
- Promover la inclusión tecnológica y cultural para el goce de derechos.
- Incorporar enfoques basados en derechos humanos, diferencial, étnico, de género, discapacidad, víctimas del conflicto y territorial rural.
Ámbito de aplicación y entidades involucradas
El decreto es de aplicación nacional y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva, entidades territoriales y demás órganos del Estado que intervienen en la política pública de derechos humanos. Se establece un modelo de intervención articulado que combina acciones universales y focalizadas, con mecanismos de coordinación interinstitucional liderados por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario tiene un rol central como Secretaría Técnica de esta Comisión y lidera la formulación, implementación y seguimiento del plan. Se formaliza además el Comité Técnico Operativo, espacio técnico-político conformado por sociedad civil y organizaciones sociales, que ejerce veeduría y canaliza la participación ciudadana.
Implicaciones para la ciudadanía y entidades públicas
Este decreto establece un marco integral para la protección y promoción de los derechos humanos durante la próxima década. La participación activa y plural de la sociedad civil es un pilar fundamental, garantizando transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Las entidades públicas deberán integrar los enfoques diferenciales e interseccionales en sus políticas, planes y programas, y reportar avances mediante un sistema de información único y obligatorio.
Asimismo, el decreto incorpora un capítulo étnico elaborado en concertación con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom, reconociendo su diversidad cultural, autonomía y derechos colectivos.
La implementación y financiación del plan dependerán de los recursos asignados en los presupuestos nacionales, con posibilidad de gestionar cooperación nacional e internacional. El plan estará vigente por diez años, con mecanismos previstos para su revisión y actualización participativa.
Conclusión
El Decreto 0585 de 2026 representa un avance institucional para consolidar un marco coherente y participativo en derechos humanos en Colombia. Al adoptar un enfoque integral, articulado y con énfasis en la participación social, busca fortalecer la garantía efectiva de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional, contribuyendo a la construcción de una paz estable y duradera. La puesta en marcha de este plan fortalecerá la protección de los derechos humanos, promoviendo la justicia social y la reconciliación, pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica en el país.
