Providencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

El pasado 2 de junio de 2026, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitió un auto interlocutorio en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Superintendencia de Industria y Comercio. El proceso se encuentra en instancia de única y última decisión.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso involucra a una empresa demandante que cuestiona actuaciones administrativas relacionadas con la propiedad industrial y se encuentra en trámite un proceso en el que se había previsto solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Esta solicitud se fundamenta en el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA, que establece la obligatoriedad de pedir aclaración cuando se requiere interpretar normas comunitarias.

Consideraciones jurídicas y aplicación de la doctrina del acto aclarado

La Sala revisó que las normas comunitarias en cuestión —artículos 135, 136, 194 y 195 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina— ya habían sido interpretadas en pronunciamientos previos publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Por ello, en aplicación de la doctrina del acto aclarado, el Consejo de Estado determinó que no era necesaria una nueva solicitud de interpretación prejudicial. Esta doctrina reconoce que si la norma comunitaria ha sido previamente aclarada en pronunciamientos oficiales, el juez nacional de última instancia puede prescindir de solicitar una nueva interpretación al TJCA. Así, el órgano judicial procede directamente a resolver el caso con base en dichas interpretaciones...