Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su Sección Tercera, conocida por su especialización en asuntos mineros, agrarios, contractuales y petroleros, recibió una demanda que buscaba la nulidad de varios apartados normativos establecidos en decretos y resoluciones relativos a la seguridad en labores mineras subterráneas. Sin embargo, tras un análisis detallado, la Sección Tercera remitió el proceso a la Sección Segunda, especializada en materias laborales y de seguridad social, por considerar que el litigio no corresponde a su competencia.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta contra disposiciones del Decreto 1886 de 2015 y su modificación por el Decreto 944 de 2022, que regulan la seguridad en labores mineras subterráneas, así como contra el artículo 154 de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo, que fija niveles máximos permisibles de exposición a sustancias tóxicas en los lugares de trabajo. Se cuestionó, entre otros aspectos, la obligatoriedad de que la prueba de verificación de detectores de gases sea certificada exclusivamente por técnicos autorizados por el proveedor, y la adopción de valores límite sugeridos por una asociación extranjera en materia de higiene industrial. Además, se solicitó la suspensión provisional de los efectos de estas normas mediante medidas cautelares.

Consideraciones sobre la competencia y naturaleza del asunto

El Consejo de Estado recordó que la distribución interna de competencias entre sus secciones obedece a criterios de especialidad, conforme al artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 y el artículo 110 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En particular, la Sección Tercera conoce los asuntos...