Providencia emitida en segunda instancia por el Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En primera instancia, dicho tribunal había accedido parcialmente a las pretensiones de una demanda por reparación directa interpuesta por una empresa unipersonal dedicada a la calcinación de huesos y comercialización de pieles, que alegaba perjuicios derivados de la suspensión de sus actividades por una medida preventiva ambiental impuesta por la CVC.

Antecedentes fácticos y procesales

La controversia se originó cuando la CVC impuso una medida preventiva que suspendió las actividades de incineración y disposición a campo abierto de residuos de la empresa, con base en una supuesta infracción a normas ambientales. Posteriormente, la entidad revocó directamente dicha medida al reconocer que se aplicaron normas inapropiadas para la actividad real de la empresa, la cual realizaba un proceso de calcinación y no de incineración. Como consecuencia de la suspensión, la empresa se vio obligada a liquidarse y demandó a la CVC por los daños materiales y morales sufridos, alegando falla en el servicio y falsa motivación del acto administrativo. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró administrativamente responsable a la CVC, condenándola al pago de perjuicios por lucro cesante, bajo el argumento de que la medida preventiva estaba basada en una normativa errónea y que la revocatoria directa no eliminaba el daño causado.

Consideraciones jurídicas y razones de la decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y declaró la caducidad del medio de control interpuesto. Fundamentó su decisión en que la acción correcta para controvertir la medida preventiva era la nulidad y restablecimiento del derecho, no la reparación directa. La Sala destacó que:

• La elección del medio de control judicial debe basarse en el origen del daño. Cuando se cuestiona la legalidad de un acto administrativo, el medio idóneo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual debe ejercerse dentro de un plazo de cuatro meses desde la notificación del acto.
• La reparación directa procede excepcionalmente cuando el daño proviene de un acto administrativo legal, o de uno revocado directamente, siempre que no se haya podido impugnar oportunamente por nulidad.
• En este caso, la medida preventiva impuesta es un acto administrativo sustancial, susceptible de control jurisdiccional mediante el medio de nulidad y restablecimiento del derecho.
• Los demandantes no ejercieron oportunamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que presentaron la demanda de reparación directa varios años después de haber sido notificados del acto administrativo.
• La revocación directa del acto administrativo por parte de la CVC no habilita automáticamente la acción de reparación directa ni elimina la caducidad del medio de nulidad.

La Sala señaló que la caducidad es una sanción de orden público que opera por el transcurso del tiempo y debe ser declarada de oficio cuando se demuestre su existencia.

Conclusión de la providencia

En consecuencia, el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y declaró la indebida escogencia del medio de control y la caducidad de la acción. Además, condenó a los demandantes al pago de las costas procesales de ambas instancias, conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y la Ley 1564 de 2012. Esta decisión reitera la importancia de elegir adecuadamente el medio de control judicial y de respetar los términos legales para su ejercicio, especialmente en casos relacionados con medidas preventivas ambientales y su impacto en actividades económicas. Así, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos, evitando la dilación indebida en la resolución de conflictos y garantizando la correcta aplicación del derecho ambiental y administrativo.