Contexto y tribunal competente

La providencia judicial fue emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en segunda instancia, con ponencia del Consejero ponente. El proceso se originó con una demanda interpuesta por una empresa contratista contra el Departamento de Antioquia, en el marco de controversias contractuales relacionadas con el suministro de equipos de cómputo.

Antecedentes fácticos y procesales

El contrato celebrado en septiembre de 2019 entre el Departamento y el contratista tenía por objeto la adquisición de 1.404 equipos de cómputo para fortalecer a los municipios antioqueños, con un plazo de ejecución de dos meses. Durante la ejecución, el contratista alegó la existencia de un evento de fuerza mayor derivado de demoras en la fabricación y suministro de procesadores por parte de un fabricante asiático, lo que impediría la entrega oportuna de los equipos. Pese a las solicitudes de prórroga presentadas, el Departamento no las tramitó, y tras vencer el plazo contractual, declaró el incumplimiento y ejecutó la póliza de cumplimiento por un valor de 221 millones de pesos. El contratista demandó la nulidad de dichos actos administrativos y solicitó indemnización por perjuicios, alegando violación del derecho de defensa y falsa motivación de la resolución.

Consideraciones jurídicas de la sentencia

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones del contratista, sosteniendo que no se acreditó la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que exonerara la responsabilidad contractual. Se destacó que el retraso en la producción era un riesgo inherente y previsible en la industria tecnológica, caracterizada por constantes actualizaciones y cambios en componentes, y que el contratista...