Providencia judicial y ámbito procesal

La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 14 del Consejo de Estado, en segunda instancia, profirió una sentencia sobre la solicitud de pérdida de investidura contra un senador de la República. El proceso se originó tras la presentación de la demanda por parte de un ciudadano, quien alegó la causal prevista en el numeral 2 del artículo 183 de la Constitución Política, que establece la pérdida de investidura por inasistencia injustificada a seis reuniones plenarias en un mismo periodo de sesiones.

Antecedentes fácticos y procesales

El solicitante fundamentó su petición en que el senador acusado acumuló 17 inasistencias en diferentes fechas comprendidas entre 2018 y 2022. Se argumentó que algunas ausencias no estaban justificadas, cuestionando la validez de excusas médicas y licencias otorgadas, en particular por supuestas irregularidades administrativas y la derogación de normas sobre licencias no remuneradas. Inicialmente, el Consejo de Estado inadmitió la solicitud por falta de acreditación de la calidad de ciudadano colombiano, defectos que fueron subsanados oportunamente. Durante el proceso, se practicaron pruebas testimoniales y se realizaron audiencias públicas, con participación del Ministerio Público, donde se reiteraron los argumentos de ambas partes. Asimismo, se presentó un recurso de apelación después de que la Sala Especial declarara inicialmente la falta de competencia para conocer la demanda debido a que el senador había asumido la presidencia de la República. Posteriormente, la Sala Plena revocó esa decisión y devolvió el expediente para su estudio.

Consideraciones jurídicas y motivo principal de la decisión

El análisis central de la sentencia se enfocó en determinar si la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución se encontraba configurada. Este numeral establece que un congresista perderá su investidura si incurre en inasistencia injustificada a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos legislativos, durante un mismo periodo de sesiones. La Sala recordó que la Constitución define un periodo de sesiones como el lapso comprendido entre el 20 de julio y el 16 de diciembre, y otro entre el 16 de febrero y el 20 de junio de cada año. Además, enfatizó que, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, no es procedente acumular inasistencias de distintos periodos o legislaturas para configurar la causal, debido a que ello violaría el principio de legalidad en materia sancionatoria y desbordaría el alcance normativo. En el caso concreto, el solicitante no acreditó que el senador hubiera incurrido en seis inasistencias injustificadas dentro del mismo periodo de sesiones. Las ausencias señaladas se distribuyeron en dos periodos diferentes, con cinco inasistencias en el primer periodo y tres en el segundo, sin alcanzar el mínimo requerido en ninguno de ellos. Por tanto, no se cumplió el supuesto fáctico del artículo 183.2 constitucional. Asimismo, la Sala indicó que no era necesario analizar la justificación de las ausencias, pues la causal no se configuró en términos generales. Se recordó que la validación de incapacidades médicas corresponde al empleador y no al congresista, conforme a la jurisprudencia vigente.

Decisión

La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 14 del Consejo de Estado resolvió:

• Negar la solicitud de pérdida de investidura contra el senador demandado.
• Ordenar comunicar la decisión a la Mesa Directiva del Senado, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior.
• Informar que contra esta sentencia procede el recurso de apelación conforme al artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.

Esta providencia reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos legales para la pérdida de investidura y la interpretación restrictiva de las causales sancionatorias, garantizando el respeto a los procedimientos y a los derechos constitucionales de los congresistas. La resolución busca preservar la estabilidad institucional y evitar sanciones basadas en interpretaciones extensivas o acumulativas que no se ajusten a la norma constitucional. De esta manera, el Consejo de Estado contribuye a la seguridad jurídica y al correcto ejercicio de la función pública legislativa.