Providencia judicial y tribunal competente

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en segunda instancia, decidió sobre la impugnación presentada contra el fallo emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, que había negado la acción de tutela. La decisión fue adoptada el 29 de abril de 2026, mediante una sentencia que revoca la providencia anterior del 9 de febrero de 2026.

Antecedentes del caso

El caso se originó con la acción de tutela presentada por un ciudadano contra una compañía aseguradora, debido a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital. El accionante solicitó que se ordenara a la aseguradora la calificación en primera oportunidad de su pérdida de capacidad laboral (PCL), conforme a la normativa vigente en materia de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), así como la asunción de los costos para realizar el examen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. El ciudadano había sufrido un accidente de tránsito en octubre de 2025 y, tras varios tratamientos médicos, solicitó la calificación de su PCL. Sin embargo, la aseguradora condicionó dicha calificación a la presentación de un concepto de rehabilitación y la historia clínica completa con alta médica, lo que fue rechazado por el accionante alegando que la historia clínica aportada era la única disponible y que, conforme a jurisprudencia constitucional, no era obligatorio contar con el concepto de rehabilitación para iniciar el trámite en casos SOAT.

Consideraciones de la providencia impugnada

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta negó la tutela, argumentando...