Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de nulidad instaurado contra el Decreto 659 de 2024. La demanda fue radicada en septiembre de 2024 y cuestiona la legalidad de varias disposiciones del decreto, emitido por el Presidente de la República en conjunto con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante solicitó la nulidad total del decreto cuestionado y subsidiariamente de los artículos 5, 19, 21, 23 y 37. Adicionalmente, pidió la suspensión provisional de los efectos de dichos artículos, argumentando que su vigencia ocasionaría perjuicios irreparables a los importadores y usuarios aduaneros, debido a la imposición de nuevos trámites y sanciones, además de posibles colapsos en los sistemas informáticos de la DIAN. Los cargos principales se centraron en la supuesta vulneración de normas legales y constitucionales, incluyendo el incumplimiento de procedimientos administrativos, la falsa motivación del decreto, la contradicción con el Acuerdo de Facilitación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobado por la Ley 1879 de 2018, y la creación ilegal de sanciones aduaneras. Durante el trámite procesal, los apoderados de las entidades demandadas solicitaron negar la medida cautelar, argumentando que los artículos controvertidos aún no estaban vigentes porque su entrada en vigor estaba condicionada a la certificación del funcionamiento de los servicios informáticos de la DIAN, certificación que no había sido acreditada en el proceso. Además, señalaron la ausencia de acreditación de los requisitos legales para la...