Providencia del Consejo de Estado en segunda instancia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció la solicitud de suspensión provisional contra la Resolución 7120 de 2023, dictada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que modifica el régimen aplicable a la infraestructura elegible para el despliegue de redes y prestación de servicios de telecomunicaciones. El recurso fue presentado en el marco de un proceso de nulidad instaurado por un ciudadano, quien cuestionó la legalidad del acto administrativo.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante promovió demanda de nulidad contra la mencionada resolución, con solicitud de suspensión provisional, argumentando que la CRC omitió invitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a participar en el trámite de expedición del acto, como lo establece el artículo 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 2015. Según el recurrente, esta omisión vulneró el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, pues la SSPD posee conocimiento especializado en el sector eléctrico, el cual se habría regulado indebidamente. La CRC respondió que la obligación de invitar a la SSPD perdió vigencia desde la expedición de la Ley 1341 de 2009, que excluyó a las telecomunicaciones del régimen de servicios públicos domiciliarios y retiró a la SSPD sus competencias en esta materia, asignándolas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, sostuvo que la resolución no regula el servicio público domiciliario de energía eléctrica, competencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sino que establece condiciones para el acceso, uso y remuneración de infraestructura para telecomunicaciones.

Consideraciones...