Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó con la demanda presentada por una empresa privada contra la UNGRD y otras entidades, buscando el pago de un contrato de suministro de maquinaria amarilla para atender una calamidad pública declarada en un municipio del departamento del Quindío. Este contrato se formalizó mediante una orden de proveeduría emitida en noviembre de 2021, en el marco de la declaratoria de calamidad pública por temporada de lluvias. La empresa demandante cumplió con el contrato y obtuvo un acta de entrega y recibo a satisfacción en febrero de 2022, además de certificaciones de cumplimiento emitidas por el interventor del contrato. Sin embargo, la entidad estatal demoró el pago aduciendo la espera de asignación de recursos. Tras agotar solicitudes administrativas, la empresa interpuso la demanda en octubre de 2024 alegando incumplimiento. El Tribunal Administrativo del Quindío rechazó la demanda por caducidad, argumentando que el término de dos años para presentar la acción empezó a correr desde la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción, considerada como equivalente a la liquidación contractual para efectos de cómputo. La empresa interpuso recurso de apelación contra esta decisión.

Consideraciones jurídicas y análisis del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado abordó el recurso de apelación analizando la regulación aplicable, la naturaleza del contrato y la correcta interpretación del término de caducidad. En primer lugar, la Sala recordó que la caducidad es una institución jurídico-procesal de orden público que limita en el tiempo el ejercicio de la acción judicial para garantizar seguridad jurídica. El cómputo de...