Entidades emisoras y contexto normativo
La Resolución 000410 de 28 de mayo de 2026, publicada en el Diario Oficial No. 53.525 el 17 de junio de 2026, fue expedida conjuntamente por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y la Fiscalía General Penal Militar y Policial. Esta resolución se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, especialmente en los artículos 209, 221 y 229, y en diversas leyes y decretos como la Ley 1765 de 2015, la Ley 1407 de 2010 y el Decreto 312 de 2021, que regulan la función administrativa y la organización de la justicia penal militar y policial.
Tema principal y destinatarios
El asunto central de la resolución es la modificación parcial de la Resolución 000890 de 2025, para establecer nuevas disposiciones sobre la activación, ubicación, delegación territorial de competencia y especificidad de las Fiscalías Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado. Los destinatarios principales son las fiscalías de conocimiento especializado, sus funcionarios y, en general, los miembros de la Fuerza Pública sujetos a la justicia penal militar y policial. Esta organización es fundamental para garantizar el acceso efectivo y oportuno a la administración de justicia dentro del ámbito militar y policial.
Objetivo y finalidad
El objetivo de la resolución es optimizar la estructura orgánica y territorial de la Fiscalía General Penal Militar y Policial para garantizar una mejor prestación del servicio judicial especializado, adaptándose al crecimiento de las noticias criminales y a las particularidades de las regiones. La medida busca facilitar el acceso a la justicia, racionalizar la cobertura y mejorar la especificidad en la atención de casos relacionados con miembros de la Fuerza Pública.
Decisiones y regulaciones principales
Entre las principales modificaciones, la resolución establece lo siguiente:
- Se modifica la ubicación de la Fiscalía 2440, trasladándola de Nilo (Cundinamarca) a Bogotá, D.C., con competencia en Cundinamarca y especificidad militar.
- Se crea una Fiscalía Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado en Pasto (Nariño) con especificidad militar, para atender los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.
- Se establece una Fiscalía en Cartagena (Bolívar) con especificidad policial, compartiendo delegación territorial con la Fiscalía 2225, para cubrir la zona del Caribe colombiano.
- Se ajustan las competencias territoriales y la especificidad de varias fiscalías existentes, como las ubicadas en Popayán, Medellín, Montería, Barranquilla y Cartagena, distribuyendo la carga procesal según la naturaleza militar o policial.
Estos cambios responden a un análisis detallado de las necesidades del servicio y al crecimiento exponencial de noticias criminales reportadas desde 2025.
Base legal y modificaciones previas
La resolución se sustenta en normas constitucionales y legales que regulan la función administrativa y la justicia penal militar y policial, especialmente los artículos 275, 276, 278 y 304 de la Ley 1407 de 2010, y los artículos 20, 21 y 23 de la Ley 1765 de 2015. Además, modifica parcialmente la Resolución 000890 de 2025, ajustando la organización administrativa para mejorar la calidad del servicio.
Plazos y vigencia
La resolución entra en vigencia a partir de su fecha de expedición, el 28 de mayo de 2026, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. También ordena comunicar los cambios a las áreas técnicas y judiciales involucradas para efectuar los ajustes necesarios en los sistemas misionales y en la coordinación con las Procuradurías Judiciales Penales.
Impacto potencial
Con estas disposiciones, la justicia penal militar y policial se prepara para atender de forma más ágil y especializada los procesos relacionados con la Fuerza Pública, especialmente en regiones con creciente actividad criminal. La reorganización territorial y funcional busca fortalecer la imparcialidad, transparencia y eficacia en la administración de justicia, facilitando el acceso de las partes involucradas y adecuando los recursos a la realidad regional y específica de cada caso.
Este ajuste normativo representa un paso significativo en la consolidación de la justicia penal militar y policial en Colombia, reflejando una respuesta institucional a las dinámicas cambiantes de la seguridad y el orden público en el país. De esta manera, se espera mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de administrar justicia y garantizar el respeto a los derechos fundamentales dentro del contexto militar y policial.
