Competencia y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, profirió un auto interlocutorio que resuelve cuestiones previas, decreta pruebas y fija fecha para audiencia pública en un proceso de pérdida de investidura. Esta providencia se expide en cumplimiento de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, que regulan el procedimiento especial, breve y sancionatorio para este tipo de procesos.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso fue iniciado mediante solicitud presentada por un ciudadano en su nombre propio, quien argumenta que varios concejales incurrieron en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por la presunta indebida destinación de dineros públicos. En concreto, se alega que la aprobación de una adición presupuestal, incorporando recursos provenientes de multas de tránsito, se destinó a fines distintos a los autorizados en el artículo 160 de la Ley 769 de 2002. El auto admisorio de la demanda fue proferido el 4 de mayo de 2026, notificándose personalmente a los demandados y al Ministerio Público, quienes presentaron oportunamente sus contestaciones. Uno de los demandados interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio, pero luego desistió expresamente del mismo. Por su parte, el solicitante intentó reformar la demanda para aclarar la identidad de un demandado y adicionar documentos y pruebas, solicitud que fue presentada fuera del término legal.

Consideraciones de la providencia

El Tribunal, en primer lugar, aceptó el desistimiento del recurso de reposición interpuesto por uno de los demandados, conforme al artículo 316 del Código General del Proceso y remisiones aplicables. Respecto a la reforma...